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SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
En un programa de entrevistas transmitido en las redes sociales, el expresidente negó nuevamente los cargos que se le imputan y rechazó la sentencia.
“En mi opinión, la condena, por lo que a mí se refiere, es ilegal, no tiene sustento legal, ahora la condena del general Munguía Payés me parece injusta”, dijo Funes.
Argumentó que a nadie se le puede condenar por un delito que nos se ha podido demostrar. La Fiscalía no logró demostrar ninguno de los delitos, reprochó Funes, “ni los que se me imputan a mí, ni lo que le imputan a Munguía Payes”.
“Yo también me considero un condenado político, aunque la condena no se vaya a ejecutar porque no puedo ser extraditado por mi ciudadanía nicaragüense, pero simbólicamente sirve”, advirtió.
Funes descartó la posibilidad de presentar un recurso de apelación alegando que no tiene contacto con el defensor público que le asignaron.
El Tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera de la carrera presidencial a un segundo candidato, en momentos en que el país centroamericano es blanco de críticas y preocupaciones ante lo que algunas organizaciones ven como un riesgo de un proceso electoral inequitativo.La Corte informó el jueves en un comunicado que rechazó tres recursos de apelación presentados por el candidato presidencial Roberto Arzú, a quien el Tribunal Supremo Electoral le había anulado su candidatura por considerar que realizó una campaña anticipada.
Arzú es el segundo aspirante que es retirado de la contienda rumbo a los comicios del 25 de junio. La primera fue Thelma Cabrera, a quien las autoridades electorales le negaron la inscripción bajo el argumento que su compañero de binomio y aspirante a la Vicepresidencia, Jordán Rodas, le faltaba un documento que garantizaba que no tenía cuentas pendientes con el Estado.
La Corte de Constitucionalidad aún tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de otros dos candidatos presidenciales, el puntero Carlos Pineda —cuya candidatura fue impugnada por otro partido político aduciendo errores en su asamblea de postulación— y Edmond Mulet, a quien la fiscalía acusa de hacer campaña anticipada por pronunciarse en contra de la criminalización de los periodistas.
La decisión del jueves sobre la candidatura de Arzú es inapelable.
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LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte fue citada por la fiscalía para declarar en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses, informó el miércoles el abogado de la mandataria.Joseph Campos indicó a la radio local RPP que Boluarte debe declarar ante la fiscal general Patricia Benavides el 31 de mayo. La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero no ha declarado. En marzo no se la interrogó porque la procuraduría pidió ser incluida para participar en las diligencias.
La mandataria no se ha pronunciado durante la jornada. The Associated Press preguntó a la fiscalía sobre la citación a la mandataria, sin obtener respuesta al momento.
El primer ministro Alberto Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. Las protestas han dejado 67 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza.
Por el rango de los investigados la indagación está a cargo de la fiscal general. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.
Desde entonces comenzó a encenderse las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes las cuales exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron en el sur hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero.
No obstante, el Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron al archivo por no alcanzar los votos necesarios.
Según la más reciente encuesta de mayo de la firma Ipsos Perú, el 75% desaprueba a Boluarte y 16% la apoya.
KIEV, Ucrania (AP) — La región de Belgorod, en el sur de Rusia, fronteriza con Ucrania, fue atacada el viernes por Ucrania con artillería, morteros y drones, dijeron las autoridades, horas después de que dos drones cayeran en una ciudad rusa próxima a la anexionada península de Crimea.Las fuerzas del Kremlin, por su parte, atacaron una clínica en Dnipró, centro de Ucrania, donde causaron la muerte de un transeúnte de 69 años e hirieron a 23 personas, entre ellas dos niños, según las autoridades ucranianas.
Asimismo, un misil ruso S-300 dio contra una presa en el distrito Karlivka, en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, y ahora localidades cercanas enfrentan el peligro de severas inundaciones.
La localidad de Graivoron, en Belgorod, a unos 7 kilómetros (4,5 millas) de la frontera con Ucrania, fue atacada durante varias horas. Cuatro viviendas, una tienda, un vehículo, un gasoducto y una línea eléctrica fueron dañados, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov.
En una zona más próxima a la frontera, en el poblado de Glotovo, un centro recreativo, un taller y una casa deshabitada tuvieron daños sin que hubiera víctimas, de acuerdo con Gladkov.
La región de Belgorod fue esta semana escenario de uno de los peores ataques ucranianos transfronterizos en los 15 meses que van de la guerra.
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LA PAZ, Bolivia (AP) — La Iglesia católica de Bolivia reconoció que ha sido “sorda a los sufrimientos” de las víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes en el país y se comprometió a “buscar la reparación de las víctimas” y colaborar con la justicia que abrió causa tras salir a luz pública el mayor escándalo de pederastia.Así lo expresaron los obispos bolivianos en un comunicado que se conoció el miércoles, un día después del arribo a Bolivia del enviado del Papa Francisco, Jordi Bertemeu, uno de los principales investigadores del Vaticano sobre delitos sexuales.
“Como Iglesia estamos enfrentando un momento doloroso… porque tenemos la certeza de haber sido parte directa o indirecta de un dolor profundo causado a personas inocentes víctimas de abuso sexual”, señala el comunicado leído por Giovani Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia.
La llegada de Bertenemu tiene lugar después del estallido del caso del jesuita español Alfonso Pedrajas quien, según un diario íntimo al que tuvo acceso el periódico español El País, habría abusado de unos 85 menores en internados católicos de Bolivia en las décadas del 70 y 80. Pedrajas falleció de cáncer en 2009.
La Fiscalía inició una investigación --que se mantiene en reserva— y ha convocado a las víctimas a presentar querellas. Tras la denuncia la Compañía de Jesús en Bolivia pidió perdón a las víctimas y se ha comprometido a apoyar la investigación, al tiempo que ha denunciado ante la policía a los superiores de Pedrajas --muchos de los cuales ya no están en funciones o han fallecido-- por su presunto encubrimiento.