LA PAZ, Bolivia (AP) — Los bolivianos irán a un balotaje tras unos sorpresivos comicios presidenciales que dieron el triunfo a un senador de centro que no figuraba entre los favoritos, aunque sin que obtuviera los votos necesarios para asegurar su victoria en primera vuelta.

Paz, un político considerado de centro y moderado, se enfrentará al derechista y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en los comicios del domingo, según los resultados preliminares divulgados por el tribunal electoral.

Con cerca del 91% del conteo preliminar oficial, Paz recibió el 32,8% de los votos y Quiroga 26,4%. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba más del 50% de los votos válidos o al menos 40% y una ventaja de 10 o más puntos porcentuales sobre el que va en segundo lugar.

La jornada marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda.

Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, dijo que con el conteo preliminar se podía anticipar la segunda vuelta, la cual se realizará el 19 de octubre.

Paz, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó entre 1989 y 1993.

El empresario millonario Samuel Doria Medina, quién apareció en los sondeos previos como uno los favoritos, admitió que los resultados no le favorecían.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, dijo que los resultados mostraban claramente el deseo de cambio de los bolivianos.

“Hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada”, dijo tras conocerse los resultados. “Que sea una lección: Bolivia no sólo está pidiendo un cambio de gobierno, está también pidiendo un cambio en el sistema político”.

Añadió que espera sumar más apoyos de cara a la segunda vuelta para cambiar el modelo económico del actual gobierno izquierdista y lograr un parlamento “con estabilidad y gobernabilidad”.

Quiroga, el segundo lugar, felicitó a Paz.

“Estamos en segunda vuelta”, dijo y comentó que para la segunda vuelta centrará su campaña en cómo resolver la crisis económica, que es la principal preocupación de los bolivianos.

El triunfo de Paz sorprendió a varios debido a que nunca estuvo entre los primeros lugares de las preferencias, y analistas han comenzado a tratar de desentrañar la razón.

Michael Shifter, analista del Diálogo Interamericano, un centro de investigación con sede en Washington, dijo que una explicación podría ser que a diferencia de Quiroga —un político inclinado ideológicamente hacia la derecha—, Paz “no tiene un perfil muy definido”, lo cual habría jugado a su favor entre algunos sectores populares que eran más afines hacia la izquierda gobernante, pero no se identificaban con los punteros.

El periodista y analista boliviano Andrés Gómez consideró que la gente parecía buscar un rostro nuevo y lo encontró en Paz. Su triunfo, dijo, mostraría un “hartazgo de la gente con el MAS, pero también los viejos políticos”.

Los resultados representan un golpe importante para el Movimiento al Socialismo (MAS), un partido que gobernó el país por casi 20 años. El fundador del partido, el carismático líder cocalero y primer presidente indígena del país, Evo Morales, llegó al poder en 2006.

Sin embargo, el MAS se enfrascó en disputas internas que enfrentó a Morales con el presidente saliente Luis Arce, y repercutió en los resultados electorales: el candidato oficialista, Eduardo del Castillo, terminó en los últimos lugares, con apenas un 3,2% de los votos.

Andrónico Rodríguez, el otro candidato izquierdista y quien rompió con el MAS y contendió por otra alianza política, tuvo un mejor desempeño, pero también quedó alejado con un 8% de los sufragios.

Las autoridades consideraron que la jornada electoral se realizó sin mayores contratiempos, con excepción de algunos incidentes, como el que se reportó en la región del Chapare, cuando el candidato Andrónico Rodríguez fue agredido por personas que le arrojaron piedras al momento de ir a votar.

Rodríguez se distanció de Morales para postularse por Alianza Popular, una fuerza escindida del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La votación transcurrió en términos generales en calma, pese a que el líder indígena Evo Morales llamó a anular el voto desde la región cocalera del Chapare, en el centro del país, bastión del exmandatario (2006-2019).

El llamado de Morales, sin embargo, sí tuvo un impacto relevante en los conteos: según los resultados premiliares, el voto nulo alcanzó el 19,29%, la cifra más alta registrada hasta ahora. En comicios pasados, el porcentaje rondaba apenas el 4%.

POR  CARLOS VALDEZ and ´PAOLA FLORES

(Foto AP)

SAO PAULO (AP) — Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro negaron los cargos de golpe de Estado en su contra durante su defensa final en un juicio ante la Corte Suprema por su presunto intento de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados argumentaron el miércoles por la noche que no se habían presentado pruebas sólidas que demostraran que Bolsonaro actuó contra las instituciones democráticas brasileñas ni incitó a otros a hacerlo, y afirmaron que el hecho de que permitiera que la transición presidencial continuara contradice la acusación básica de que conspiró para frustrarla. "Esta prueba elimina la premisa acusatoria más esencial", afirmaron.

El expresidente y los demás acusados debían presentar sus alegatos finales antes del miércoles. Este es el último paso procesal antes de la conclusión del juicio, prevista para finales de año.

Un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo decidirá ahora si Bolsonaro y sus aliados son culpables. De ser declarado culpable de intento de golpe de Estado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 12 años de prisión. Sumado a otros cargos, podría pasar décadas en prisión. Incluso si es declarado culpable, Bolsonaro puede apelar la decisión ante el pleno del Tribunal Supremo.

El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido al líder de extrema derecha postularse a ningún cargo hasta 2030, dictaminando que abusó de su autoridad al socavar la confianza en el sistema electoral del país.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 5 de agosto. El juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso, afirmó que Bolsonaro violó las medidas cautelares al difundir contenido a través de sus tres hijos legisladores. La semana pasada, De Moraes flexibilizó las restricciones, permitiendo visitas familiares sin restricciones.

El caso ha conmovido a Brasil mientras navega una disputa comercial con Estados Unidos.

Bolsonaro ha recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha calificado el proceso como una “caza de brujas” y ha vinculado su decisión de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas a los problemas legales de Bolsonaro.

El fiscal general Paulo Gonet presentó sus alegatos finales en julio, citando amplias pruebas de una conspiración contra las instituciones democráticas brasileñas. Afirmó que estas incluyen notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que supuestamente detallan la trama.

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Por  GABRIELA SÁ PESSOA

(Foto AP/Eraldo Peres)

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La empresa de seguridad del ex SEAL de la Marina estadounidense Erik Prince pronto desplegará casi 200 personas de varios países a Haití como parte de un acuerdo de un año para sofocar la violencia de pandillas allí, dijo el jueves una persona con conocimiento de los planes.

El despliegue de Vectus Global tiene como objetivo ayudar al gobierno de Haití a recuperar vastas franjas de territorio confiscadas el año pasado y ahora controladas por bandas fuertemente armadas, dijo la fuente, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir los planes.

La empresa, que proporciona logística, infraestructura, seguridad y defensa, está dirigida por Prince, un importante donante del presidente estadounidense Donald Trump . Prince fundó anteriormente la controvertida firma de seguridad Blackwater .

El despliegue fue reportado primero por Reuters.

Vectus Global también asumirá un papel a largo plazo asesorando al gobierno de Haití sobre cómo restablecer la capacidad de recaudación de ingresos una vez que disminuya la violencia, dijo la fuente.

En junio, Fritz Alphonse Jean, entonces líder del consejo presidencial de transición de Haití, confirmó que el gobierno estaba utilizando contratistas extranjeros. Se negó a identificar la empresa ni a revelar el valor del acuerdo.

Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo que las operaciones violarían la ley estadounidense a menos que la empresa militar privada con sede en Estados Unidos tuviera permiso del gobierno estadounidense para trabajar en Haití.

“En ausencia de una estrategia haitiana e internacional coherente y liderada conjuntamente, es más probable que el uso de empresas privadas fragmente la autoridad y la soberanía que impulse la resolución de la crisis”, afirmó.

Un funcionario de la administración Trump afirmó que el gobierno estadounidense no tiene ninguna participación en la contratación de Vectus Global por parte del gobierno haitiano. El gobierno estadounidense no financia este contrato ni ejerce ninguna supervisión, afirmó el funcionario, quien solicitó el anonimato para poder hablar sobre la situación.

La oficina del primer ministro de Haití no respondió a un mensaje solicitando comentarios, ni tampoco lo hicieron los miembros del consejo presidencial de transición de Haití.

Se espera que los contratistas privados, que vendrán de Estados Unidos, Europa y otras regiones, asesoren y apoyen a la Policía Nacional de Haití y a una misión respaldada por la ONU liderada por oficiales de policía kenianos que lucha por reprimir la violencia de pandillas .

La misión respaldada por la ONU tiene 991 efectivos, mucho menos que los 2.500 previstos, y unos 112 millones de dólares en su fondo fiduciario, aproximadamente el 14% de los 800 millones de dólares que se estima que se necesitan al año, según un informe reciente de la ONU.

El próximo despliegue de contratistas privados se produce después del reciente nombramiento de André Jonas Vladimir Paraison como nuevo director general de la policía del país.

Paraison fue jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití y participó en un nuevo grupo de trabajo creado a principios de este año, compuesto por ciertas unidades policiales y contratistas privados. Este grupo ha operado al margen de la supervisión de la Policía Nacional de Haití y ha empleado drones explosivos, lo cual ha sido criticado por algunos activistas de derechos humanos.

Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, dijo que si bien existe una necesidad evidente de más operaciones antipandillas, “existe el riesgo de que el conflicto se intensifique sin tener suficiente personal para extinguir los incendios que Viv Ansanm puede encender en muchos lugares”.

Viv Ansanm es una poderosa federación de pandillas creada en septiembre de 2023 que vio la fusión de pandillas, incluyendo G-9 y G-Pèp, que antes eran enemigas acérrimas. Estados Unidos la designó organización terrorista extranjera a principios de este año.

La federación de pandillas fue responsable de coordinar una serie de ataques a gran escala a principios del año pasado, que incluyeron redadas en las dos prisiones más grandes de Haití, lo que resultó en la liberación de unos 4.000 reclusos. Viv Ansanm también forzó el cierre del principal aeropuerto internacional de Haití durante casi tres meses , y la violencia finalmente provocó la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry .

Jimmy Chérizier, líder de Viv Ansanm y más conocido como Barbecue, amenazó recientemente a Paraison.

“Viv Ansanm tiene un poderío militar que no siempre demuestra”, dijo Da Rin, el analista.

Al menos 1520 personas murieron y más de 600 resultaron heridas entre abril y finales de junio en todo Haití. Más del 60 % de los asesinatos y las lesiones se produjeron durante operativos de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, y otro 12 % se atribuyó a grupos de autodefensa, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

La violencia de pandillas también ha desplazado a unos 1,3 millones de personas en los últimos años.

El escritor de Associated Press Joshua Boak en Washington contribuyó a este informe.

(Foto AP/Odelyn Joseph)

Por  DÁNICA COTO

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México envió a 26 presuntos miembros de cárteles a enfrentar la justicia en Estados Unidos porque el gobierno de Trump los solicitó y México no quería que siguieran dirigiendo sus negocios ilícitos desde prisiones mexicanas, dijeron funcionarios el miércoles.

Sin embargo, la transferencia masiva no fue parte de negociaciones más amplias, ya que México busca evitar aranceles más altos amenazados por el presidente estadounidense Donald Trump , dijeron los funcionarios.

“Estos traslados no sólo son una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que reflejan la firme determinación de evitar que estos criminales sigan operando desde el interior de los penales y desmantelar sus redes de influencia”, afirmó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa el miércoles.

Entre los 26 prisioneros entregados a las autoridades estadounidenses el martes se encontraban figuras afines al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, entre otros. Eran buscados por las autoridades estadounidenses por su participación en el narcotráfico y otros delitos. Esto ocurre meses después de que otros 29 líderes de cárteles fueran enviados a Estados Unidos en febrero.

En el intercambio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prometió que no solicitaría la pena de muerte contra ninguna de las 55 personas incluidas en las dos transferencias, lo que, según los expertos, podría ayudar a evitar cualquier estallido violento por parte de los cárteles como respuesta. Las autoridades informaron que en la operación participaron casi mil agentes del orden, 90 vehículos y una docena de aeronaves militares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles temprano que las transferencias fueron “decisiones soberanas”, pero la medida se produce mientras la líder mexicana enfrenta una creciente presión por parte de la administración Trump para acabar con los cárteles y la producción de fentanilo.

García Harfuch también confirmó el miércoles que un dron del gobierno estadounidense —no militar— estaba sobrevolando el centro de México, pero a petición de las autoridades mexicanas como parte de una investigación en curso.

Hasta el momento, Sheinbaum ha intentado demostrar a la administración Trump una mayor disposición a perseguir a los cárteles que su predecesor —un cambio reconocido por funcionarios estadounidenses— y ha seguido frenando la migración hacia la frontera estadounidense, en un esfuerzo por evitar las peores amenazas arancelarias de Trump. Hace dos semanas, ambos líderes conversaron y acordaron dar a sus equipos 90 días adicionales para negociar y evitar la amenaza de aranceles del 30% a las importaciones procedentes de México.

“Poco a poco, México está cumpliendo con la exigencia de los estadounidenses de entregar a los capos de la droga”, dijo el analista de seguridad mexicano David Saucedo. “Le está dando tiempo al gobierno mexicano”.

Saucedo afirmó que el gobierno mexicano ha podido evitar un estallido de violencia por parte de los cárteles —una reacción frecuente cuando se capturan capos— en parte porque Ovidio Guzmán, hijo del infame capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, demostró que es posible negociar con los fiscales estadounidenses. Ovidio Guzmán se declaró culpable el mes pasado de narcotráfico y otros cargos, y espera una sentencia más leve a cambio de su cooperación.

Pero Saucedo advirtió que si continúan estos traslados masivos de prisioneros, el país latinoamericano seguramente sufrirá otro estallido de violencia en el futuro.

MEGAN JANETSKY Janetsky cubre migración, conflictos, derechos humanos y política en México y Centroamérica para AP, con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre toda Sudamérica.

(Foto AP/Fernando Llano)

Por  FABIOLA SÁNCHEZ y MEGAN JANETSKY