KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el premier de China, Li Keqiang, participaban el miércoles por videoconferencia en la cumbre de 18 países del Asia-Pacífico, una región donde las dos potencias han chocado en temas tan variados como comercio, Taiwán, la democracia, derechos humanos y las cada vez más asertivas reclamaciones territoriales de Beijing.El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también tenía previsto hablar en la Cumbre de Asia Oriental, un amplio foro sobre cuestiones políticas, de seguridad y económicas organizado por la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, de 10 miembros.
Se esperaba que la Organización Mundial de la Salud informara a los líderes sobre la pandemia, que ha golpeado las economías de los 18 países que representan más de la mitad de la población mundial y suponen en torno aun 60% del Producto Interno Bruto global.
En su intervención, Biden reafirmará el apoyo de Estados Unidos a las iniciativas regionales lideradas por la ASEAN y abordará su visión de colaboración con aliados y socios ante los problemas del Indo-Pacífico, según un comunicado de la Casa Blanca. Es la primera vez desde 2017 que un presidente de Estados Unidos asiste a la cumbre, que forma parte de las reuniones de alto nivel organizadas por Brunei, que preside este año la ASEAN.
En otra reunión el martes con los líderes de la ASEAN, Biden anunció una iniciativa de 100 millones de dólares para fortalecer las relaciones con la organización regional ante el auge de China como adversario económico y de seguridad nacional.
Biden calificó la relación estadounidense con el bloque de “esencial”. El nuevo financiamiento incluirá dinero para gastos en salud, una nueva iniciativa climática, programas de asistencia a la recuperación económica de la pandemia y programas de educación.
SAO PAULO (AP) — Un comité del Senado brasileño recomienda que el presidente, Jair Bolsonaro, afronte una serie de cargos penales por acciones y omisiones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Brasil es el segundo país del mundo con más muertos por el coronavirus.Los 11 miembros del comité aprobaron su recomendación el martes, con 7 senadores a favor y 4 en contra, para poner fin a seis meses de investigación sobre la gestión de la pandemia. Pidieron que Bolsonaro fuera juzgado por cargos desde charlatanería a incitación al crimen para malversar fondos públicos, así como crímenes contra la humanidad.
Más de 600.000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
A continuación, un vistazo a lo que espera a Bolsonaro, que niega cualquier mala práctica:
¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES CONTRA BOLSONARO?
El más debatido de los cargos recomendados es el de incitar una epidemia que derivó en muertes. Las penas de prisión por una condena van de los 20 a los 30 años. Gustavo Badaró, profesor de derecho en la Universidad de Sao Paulo, cree que este es un “caso con poca base legal” porque Bolsonaro no provocó la pandemia.
El presidente también está acusado de violar los protocolos de salud, charlatanería, falsificación de documentos privados, uso irregular de fondos públicos, crímenes contra la humanidad, violación de derechos humanos e incumplimiento del decoro presidencial.
HUIXTLA, México (AP) — Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban el lunes caminando por el sur de México hacia el norte y llegaron por la tarde a la localidad de Huixtla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata.El ayuntamiento de este municipio, a poco más de 40 km de Tapachula, de donde partió el grupo el sábado, había sanitizado el parque central como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19.
En torno a un centenar de efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración y al menos un autobús se habían desplegado por la mañana en la carretera unos kilómetros antes de Huixtla, una zona donde han sido disueltos los anteriores grupos que salieron de también de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en los últimos meses.
El lunes las fuerzas de seguridad no actuaron para intentar frenar a los migrantes y se limitaron a observar el paso del grupo a cierta distancia. En todas las anteriores ocasiones este año, las caravanas han sido disueltas antes de salir de Chiapas.
En agosto algunos operativos fueron denunciados por organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza. En otras ocasiones tuvieron lugar durante la noche, deteniendo a los migrantes de los lugares públicos donde dormían.
El lunes el gobierno mexicano aseguró que se respetarían los derechos humanos. “Se va a actuar con prudencia, respetando de los derechos de las personas” y con apego a la ley, garantizó el canciller Marcelo Ebrard cuando se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa y tras lamentar que los migrantes estén siendo alentados a caminar hacia Estados Unidos mediante engaños.
LIMA (AP) — La presentación del segundo gabinete ministerial del presidente peruano Pedro Castillo, que buscaba su aprobación ante el Congreso opositor, se suspendió el lunes por 10 días tras la sorpresiva muerte del legislador oficialista Fernando Herrera por un paro cardiorespiratorio.La presidenta del Congreso, María Alva, dijo a los congresistas en el hemiciclo que el debate se suspendía “en señal de duelo”. La sesión se reprogramó para el jueves 4 de noviembre. La noticia se conoció en vivo poco antes, cuando los legisladores debatían sobre el destino del equipo ministerial.
Waldemar Cerrón, líder de la bancada oficialista, explicó que Fernando Herrera falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. El presidente Pedro Castillo dijo que antes de su muerte que Herrera “se ha sentido mal en el hemiciclo”, Otro legislador, Alex Paredes, añadió que su colega murió en su hogar.
El martes el Parlamento rendirá homenaje al congresista fallecido, quien según Paredes había sufrido de COVID-19 en septiembre y estuvo hospitalizado.
El equipo ministerial se presentó ante el Congreso para pedir los votos de aprobación, a menos de 100 días del inicio de su gestión, en un ambiente marcado por la incertidumbre causada por la fricción dentro del bloque oficialista.
La primera ministra Mirtha Vásquez, una moderada abogada izquierdista que en el pasado defendió a campesinos contra multinacionales mineras, dijo más temprano a los legisladores que su objetivo es “corresponder al anhelo ciudadano de que logremos consensos y trabajar incansablemente”.
EL ESTOR, Guatemala (AP) — El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno. Entre las primeras acciones están allanamientos a casas y oficinas de la población.El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia este domingo y deberá ratificarse por el Congreso de la República en los próximos tres días. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.
Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción, implantando también un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.
El domingo aún se podían observar residuos de llantas quemadas y piedras amontonadas en los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos. El mismo domingo, el Ministerio Público, acompañado de policías y militares, realizaba allanamientos en una casa y por lo menos dos oficinas comunitarias, algo permitido por el decreto fuera del horario establecido por la ley y sin que medie orden de juez competente.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas denunció que se allanaban las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaq´a y oficinas de la Defensoría Maya Q´eqchí, la organización local que defiende los territorios.
El decreto justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.
Durante dos días, miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas, lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras se lanzaban piedras desde ambos lados, lo que dejó varios heridos.
Algunos periodistas locales denunciaron que, durante los enfrentamientos, recibieron amenazas de las fuerzas policiales para que no fueran grabados o fotografiados.
La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultados para la implementación de estos megaproyectos.
La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara la consulta.
La procuraduría dijo que, desde principios de mes, pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad.