CARACAS (AP) — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y estrecho colaborador del gobierno socialista venezolano, denunció el martes que los cuerpos de seguridad frustraron un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro durante los festejos el 24 de junio, que conmemora los 200 años de la Batalla de Carabobo y el 5 de julio, Día de la Independencia.En rueda de prensa Rodríguez acusó al líder opositor Juan Guaidó y sus aliados de ser parte de una supuesta trama en la que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para desestabilizar al gobierno y asesinar Maduro.
Miembros de la banda de “El Koki” --desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2.400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas-- supuestamente abrirían fuego contra un desfile militar el 5 de julio desde lo más alto de las barriadas de la avenida conocida como la Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos, donde operan desde hace años.
“En uno de los teléfonos de los delincuentes encontramos videos con tomas de la tarima del Paseo Monumental Los Próceres para ejecutar su plan magnicida el 5 de julio”, destacó Rodríguez, quien entre otros señaló al exdiputado opositor Freddy Guevara, dirigente del partido de Guaidó, de ser uno de los responsables en el plan y fungir de enlace con los delincuentes.
Las acciones de los cuerpos de seguridad y el anuncio de las recompensas de hasta 500.000 dólares por los cabecillas de la banda de “El Koki” se produjeron semanas después de que miembros de grupo criminal dispararan ráfagas al aire y contra transeúntes y vehículos, en ocasiones en rechazo a cualquier acción policial contra otras organizaciones criminales y por la presencia de policías en el barrio donde operan.
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas callejeras en medio de la crisis política y social que sacudió al vecino país a fines de 2019.El escrito, presentado el lunes ante la justicia federal de Buenos Aires, señala que la donación en distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas tenía por objetivo “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez tras el golpe de estado ”.
Según la versión del gobierno de Alberto Fernández, el envío irregular del material se produjo el 12 de noviembre de 2019 “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y en particular ante el servicio aduanero”.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, según la denuncia.
Bolivia se encuentra en una abierta polémica en la que el actual gobierno de Luis Arce y el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) acusan a la oposición de haber cometido un golpe de Estado. Por su parte, los opositores dicen que Morales perpetró un fraude electoral que detonó protestas entre partidarios y opositores del exmandatario que dejaron 36 muertos.
Áñez está en la cárcel hace cuatro meses, acusada de sedición, terrorismo y conspiración.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un exsenador haitiano, un funcionario despedido y un informante del gobierno estadounidense eran los últimos sospechosos identificados en la amplia investigación sobre el asesinato del presidente, Jovenel Moïse.Los hombres estaban entre los cinco fugitivos descritos por la policía como armados y peligrosos. Las autoridades continuaban buscando el miércoles a los sospechosos del ataque del 7 de julio a la vivienda privada del mandatario, en el que el presidente murió baleado y su esposa, Martine, resultó herida.
Uno de los sospechosos fue identificado como el exsenador John Joël Joseph, un conocido político y opositor al partido Tet Kale al que pertenecía Moïse. En un video compartido el año pasado en YouTube, Joseph comparó al presidente con el coronavirus y dijo que los haitianos habían sufrido por el hambre o por las muertes provocadas por un brote de violencia durante su mandato.
“La inseguridad ha afectado a todos los haitianos”, afirmó.
La policía identificó al segundo sospechoso como Joseph Felix Badio. Había trabajado para el Ministerio haitiano de Justicia y en marzo de 2013 se unió a una división anticorrupción del gobierno. La agencia indicó en un comunicado que Badio había sido despedido en mayo por “graves infracciones” de normas éticas no especificadas, y dijo haberle denunciado.
“Este acto malvado es una afrenta a nuestra democracia”, señaló la división en su comunicado del martes. “Los autores, coautores, cómplices deben ser perseguidos, investigados y castigados con el máximo rigor”.
El tercer sospechoso fue identificado como Rodolphe Jaar. Nació en Haití, habla inglés y tiene una titulación universitaria en administración de empresas, según registros judiciales. No es un ciudadano estadounidense.
ATENAS (AP) — Los trabajadores del sector salud de Grecia que se nieguen a ser vacunados contra el COVID-19 serán suspendidos bajo una normativa anunciada el lunes por el primer ministro.A partir del 16 de agosto, el personal que labore en residencias para ancianos será suspendido si no se registra para vacunarse, y una política similar será implementada en septiembre para trabajadores de hospitales públicos y privados.
Desde el viernes y hasta que culmine agosto, sólo la población que ya se haya vacunado podrá ingresar en áreas comerciales en espacios cerrados, incluyendo bares, salas de cine y teatros.
“Después de un año y medio, ya nadie puede argumentar no estar enterado sobre el coronavirus”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un mensaje televisado. “El país entrará de nuevo en un confinamiento debido a la actitud adoptada por ciertas personas... no es Grecia la que está en peligro, sino los griegos no vacunados”.
Las nuevas restricciones se aplicarán en todo el país, incluyendo las islas y otros destinos turísticos clave.
Los casos de COVID-19 en Grecia han aumentado desde finales de junio y las autoridades culpan de eso a la indiferencia de los dueños bares y restaurantes al igual que la propagación de la variante delta, que es más contagiosa. El número de casos diarios por cada 100.000 habitantes para un periodo de siete días se disparó de 3,5 el 24 de junio a 17 en la actualidad.
Tan solo 40% de la población ha sido vacunada por completo y las citas para iniciar el proceso de vacunación han ido a la baja en semanas recientes, lo que ha llevado al gobierno a presionar más a quienes se muestren escépticos respecto a la vacuna.
El jueves, las autoridades empezarán a aceptar las solicitudes de vacunación de personas menores de 14 años con consentimiento parental.
Los confinamientos prolongados y una caída marcada del sector turístico en 2020 frenaron la recuperación económica del país y llevó a Grecia a la recesión, con una contracción de 8,2% de la economía el año pasado. La Comisión Europea ha indicado que espera que los ingresos se recuperen este año a 4,3% y a 6.0% en 2022 si el turismo sigue recuperándose y se evita volver a los confinamientos.
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