Ministro CarneyVANCOUVER, Columbia Británica (AP) — El primer ministro Mark Carney dijo el jueves que Canadá está intensificando las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial integral, pero está preparado para responder si la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 50% a los productos canadienses entra en vigor.
Los nuevos aranceles, anunciados por Trump el lunes, entrarán en vigor el 19 de agosto.
“Si estos aranceles u otras medidas entran en vigor, hay una amplia gama de opciones que podemos adoptar al respecto”, dijo Carney tras reunirse con los primeros ministros provinciales y territoriales de Canadá en Charletown, Isla del Príncipe Eduardo.
Carney afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" si no se llega a un acuerdo antes de que entren en vigor los aranceles.
“No necesitamos responder por adelantado”, dijo. “De hecho, creo que en esta etapa sería contraproducente responder por adelantado”.
Los nuevos aranceles abarcan una amplia gama de productos, incluyendo miel, licores, cemento, productos lácteos, algunos productos de madera, palos de hockey y otros artículos. Excluyen productos energéticos, potasa, pescado y minerales críticos, pero incluirían productos que anteriormente estaban exentos de impuestos a la importación por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) . Este pacto comercial de 2020 no fue renovado por Estados Unidos, lo que desencadenó una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse hasta 2036.
Carney dijo que la amenaza arancelaria podría ser una táctica de negociación por parte de Estados Unidos.
“Hemos visto una serie de negociaciones comerciales que Estados Unidos ha emprendido, y normalmente hay una fecha límite”, dijo. “Normalmente, esa fecha límite conlleva un arancel desproporcionado”.
Carney cree que existe voluntad entre los funcionarios estadounidenses para alcanzar un acuerdo comercial.
El primer ministro de la Isla del Príncipe Eduardo, Rob Lantz, afirmó que las provincias y el gobierno federal permanecen unidos.
“Necesitamos un enfoque de unidad nacional como Canadá”, afirmó. “Canadá alcanza su máximo potencial cuando las provincias, los territorios y el gobierno federal trabajan juntos”.
Carney afirmó que Canadá seguirá desarrollando y diversificando su economía .
“En cualquier circunstancia, independientemente del resultado de estas negociaciones, Canadá hará todo lo necesario para fortalecerse internamente y para apoyar a las familias canadienses, a los trabajadores, a nuestros agricultores y a nuestras empresas”, afirmó.
El país también busca establecer relaciones comerciales con países distintos de Estados Unidos.
“Estamos diversificando nuestras alianzas en el extranjero”, afirmó.
Según un análisis de Desjardins, una de las mayores instituciones financieras de Canadá, los aranceles afectarán a exportaciones anuales canadienses a Estados Unidos por un valor aproximado de 28.000 millones de dólares canadienses (19.800 millones de dólares estadounidenses). Esto representa cerca del 5% de las importaciones anuales de Estados Unidos procedentes de Canadá.
“Más allá de los efectos directos sobre el comercio, la creciente incertidumbre podría mermar la confianza empresarial y frenar los planes de inversión”, señala el análisis.
Las provincias canadienses más afectadas serían Ontario, Quebec y Columbia Británica.
Antes de la reunión, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que Canadá necesita demostrar fortaleza.
“Necesitamos un plan sólido”, dijo. “Hay que pasar a la ofensiva. Hay que poner todas las opciones sobre la mesa”.
Se le preguntó a Ford si impondría un recargo a los productos eléctricos que su provincia vende a Estados Unidos.
“Depende de la dirección que tomemos con Estados Unidos”, dijo. “Ontario es la provincia que más tiene que perder ahora mismo. Haré todo lo posible por proteger a la gente de Ontario”.
Más tarde, el jueves, la administración Trump incluyó a Canadá entre las docenas de países a los que está imponiendo aranceles, alegando trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
En un comunicado, Dominic LeBlanc, ministro de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, afirmó que la medida "no es inesperada".
LeBlanc afirmó que Canadá comparte el objetivo de Estados Unidos de garantizar que los productos fabricados con mano de obra forzada no entren en la cadena de suministro.
“Seguiremos colaborando de forma constructiva con Estados Unidos en este asunto, así como en otras cuestiones pendientes, durante las próximas semanas, en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”, declaró LeBlanc.
Por  Jim Morris
(Darren Calabrese/The Canadian Press vía AP)
Guatemala apresuraCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Manuel Botom Uz tenía apenas cuatro años cuando él y sus hermanos fueron atacados por el ejército guatemalteco en su comunidad indígena de Quiché, en el noroeste de Guatemala , en 1982, durante el apogeo del conflicto armado del país.
Sus hermanos fueron encontrados y entregados a sus familiares, pero él se convirtió en uno de los más de 100 niños desaparecidos durante el conflicto entre 1960 y 1996. Más de 200.000 personas murieron y unas 45.000 desaparecieron durante el conflicto entre el ejército y los grupos guerrilleros. Una comisión de la verdad de la ONU concluyó que el ejército guatemalteco fue responsable de la mayoría de los abusos y que el Estado guatemalteco perpetró actos de genocidio contra los pueblos indígenas.
Lo poco que se sabe sobre Botom Uz proviene de un programa gubernamental conocido como Programa Nacional de Reparaciones, que recopiló testimonios de abusos. Pero el país ahora se encuentra en una carrera contrarreloj para salvaguardar los 60.000 expedientes antes de que finalice la presidencia del progresista Bernardo Arévalo en enero de 2028.
Los testimonios, almacenados en cientos de grandes cajas de plástico azul organizadas por departamento, relatan ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, abusos sexuales, desapariciones forzadas y el reclutamiento forzoso de hombres, mujeres y niños en Guatemala durante el conflicto armado.
Los trabajadores que intentaban salvar el archivo encontraron "cajas húmedas y apiladas, archivos incompletos y rotos", relató Erick Briones, auxiliar de archivo.
Forma parte de un proyecto financiado por la UNESCO que busca recuperar el archivo y, en el futuro, lograr que sea declarado parte del Programa Memoria del Mundo, para que pueda ser protegido y accesible a todos aquellos que deseen aprender sobre la historia del país.
Si bien Guatemala ha llevado ante la justicia a algunos perpetradores , la persistente influencia de los oficiales militares y las élites implicadas en los abusos de aquella época ha obstaculizado los esfuerzos . Arévalo ha priorizado las reparaciones, pero las organizaciones de derechos humanos temen que su sucesor no haga lo mismo.
Durante la presidencia de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei , el programa de reparaciones fue abandonado en gran medida, y Giammattei ordenó su clausura sin ninguna disposición para preservar los testimonios que contenía.
Arévalo ha intentado reactivar los esfuerzos para preservar las pruebas de los abusos cometidos durante el conflicto armado y ofrecer reparaciones, incluyendo la creación del primer registro nacional de personas desaparecidas durante ese período.
“Los gobiernos de Morales y Giammattei tenían la intención de borrar la memoria colectiva, de destruir un legado construido durante muchos años a partir de los testimonios de las víctimas”, declaró Elvin Díaz, comisionado presidencial para los derechos humanos, quien ahora supervisa los archivos.
“Por eso es importante recuperar esa memoria y los testimonios de las víctimas, salvaguardarlos y que pasen a formar parte de la memoria viva de este país.”
En su informe inicial, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que visitó Guatemala el mes pasado, afirmó que los gobiernos de Morales y Giammattei llevaron a cabo una “política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia”.
El programa nacional de reparaciones estaba destinado principalmente a la ayuda humanitaria y a la indemnización, pero la información también podía utilizarse para investigaciones penales, dijo Díaz.
El proyecto de restauración también prevé digitalizar el archivo para que sea de acceso universal.
Los archivos pasarán a formar parte del Plan de Reparación y Dignidad para las Víctimas del Conflicto Armado, que Arévalo anunció el mes pasado.
El plan busca integrar y centralizar la información de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil para dar continuidad a las reparaciones. Las personas que aún permanecen desaparecidas serán incluidas en una base de datos gubernamental.
Sin embargo, el caso de Botom Uz finalmente se resolvió. Veintidós años después de su desaparición, sus restos fueron exhumados de una tumba clandestina y entregados a su familia para su sepultura.
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Por  SONIA PÉREZ D.
(Foto AP/Moises Castillo)
Nicolas MaduroNUEVA YORK (AP) — Nicolás Maduro regresa a los tribunales con sus abogados el miércoles y se espera que continúe oponiéndose a la acción militar estadounidense que derrocó al presidente venezolano y lo depositó en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn desde que las fuerzas estadounidenses los sacaron de su casa en Caracas en una sorprendente redada en plena noche y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.
Ambos se han declarado inocentes. Se enfrentan a posibles cadenas perpetuas si un jurado determina que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido la redada como una “operación policial quirúrgica” en un caso penal iniciado hace seis años. Maduro se ha autodenominado prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.
Según los fiscales estadounidenses, Maduro conspiró para introducir miles de toneladas de cocaína en Estados Unidos, en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a los capos de la droga.
“No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, dijo en español durante su comparecencia ante el juez en enero.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha declarado que espera impugnar la legalidad del "secuestro militar" de Maduro.
Los abogados han dicho que existen defensas legales complejas que el tribunal debe abordar antes de que pueda comenzar el juicio.
Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin K. Hellerstein aún no ha fijado la fecha del juicio.
MICHAEL R. SISAK
Sisak es reportero de Associated Press y cubre temas relacionados con las fuerzas del orden, los tribunales y las prisiones. Reside en Nueva York.
Por  MICHAEL R. SISAK y LARRY NEUMEISTER
(Foto AP/Matias Delacroix,archivo)
Parlamento NicaraguaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los legisladores de Nicaragua anunciaron que llevarán a cabo el plan del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones en el país centroamericano, lo que provocó nuevas críticas por parte de la comunidad internacional el miércoles.
La medida fue anunciada el martes en un comunicado por el Congreso de Nicaragua, que se encuentra firmemente en manos de Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. El comunicado afirma que la reciente reforma constitucional garantizará la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.
La legislatura estaba cumpliendo con el anuncio que Ortega hizo el fin de semana de que "no habrá más elecciones", lo que refleja tanto su esfuerzo por extender su mandato de casi 20 años como por eliminar cualquier posibilidad de que la oposición llegue al poder.
Bajo el mandato de Ortega, el gobierno ha llevado a cabo una represión generalizada contra la disidencia tras la violenta represión de las protestas de 2018. Las autoridades han encarcelado a políticos de la oposición, líderes religiosos y otras personas, y también han clausurado miles de organizaciones de la sociedad civil en el país.
El congreso ha enmendado repetidamente la constitución para concentrar el poder en manos de Ortega y eliminar cualquier vestigio de independencia democrática y disidencia en el país.
Las declaraciones de Ortega el domingo, durante un discurso conmemorativo del aniversario de la Revolución Sandinista, cancelaron de facto las próximas elecciones en Nicaragua. La votación estaba originalmente programada para noviembre de 2027, luego de que el Congreso, controlado por el gobierno, votara en enero de 2025 a favor de extender el mandato presidencial de cinco años por un año más.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó enérgicamente el miércoles los acontecimientos en Nicaragua, afirmando que "se debe permitir que las personas de todas las ideologías políticas voten y se presenten a cargos públicos".
“Estos últimos acontecimientos agravan aún más las severas restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la constante erosión del estado de derecho”, declaró Türk en un comunicado.
El gobierno de Nicaragua declinó hacer comentarios sobre las críticas y, en un comunicado, dijo: "Gracias por su interés".
El martes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la decisión de Ortega y Murillo de eliminar las elecciones en Nicaragua "pone al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria".
“Estados Unidos hace un llamamiento a la comunidad internacional para que una fuerzas y demuestre a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender mantener las relaciones comerciales habituales con otras naciones cuando está frustrando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático”, escribió Rubio en un comunicado.
A pesar de las duras palabras, las sanciones y las repetidas críticas, la administración Trump ha tomado pocas medidas importantes contra el gobierno de Nicaragua. En el vecino El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele , aliado del presidente estadounidense Donald Trump, también ha debilitado los controles y equilibrios democráticos y ha perseguido a los críticos, la administración estadounidense ha elogiado en gran medida al mandatario .
MEGAN JANETSKY Janetsky cubre temas de migración, conflicto, derechos humanos y política en México y Centroamérica para Associated Press (AP), con sede en Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre diversos países de Sudamérica.
Foto AP/Cristobal Venegas, archivo)
Ebola2BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 999 personas han muerto por el brote de ébola en el este de República Democrática del Congo, según datos oficiales publicados durante la madrugada del miércoles, una cifra sombría en el que ya ha sido declarado el brote de la enfermedad más rápido de la historia.
La última actualización del Ministerio de Salud congoleño muestra que, hasta el lunes, se han registrado 2.473 casos en el brote más reciente y 999 personas han fallecido. Al menos 737 pacientes se encuentran en aislamiento y en hospitales, indicó.
El brote, declarado el 15 de mayo, es distinto de la mayoría de los anteriores porque para el virus Bundibugyo que lo causa no hay vacunas ni tratamientos aprobados.
Además, ha causado más decesos y a un ritmo más rápido que cualquier brote del que se tenga registro, incluido el de 2013-2016, considerado el peor, con más de 11.000 muertes de al menos 28.000 casos. En ese episodio se tardaron unos ocho meses en alcanzar las 1.000 muertes.
El ébola es poco frecuente, pero muy contagioso, y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es grave y a menudo mortal.
Las autoridades han advertido también que el 80% de los nuevos casos han surgido a través de cadenas de transmisión desconocidas, lo que indica que el brote se está propagando más rápido de lo que los funcionarios sanitarios pueden rastrearlo, incluso mientras se intensifica su respuesta en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, así como en otras cuatro provincias donde se han registrado casos.
Los ataques a instalaciones sanitarias y a equipos de respuesta también han obligado a trabajadores de primera línea y a organizaciones humanitarias a salir de algunas zonas. Algunos trabajadores de la salud se han declarado en huelga, quejándose de que no han cobrado desde el inicio del brote.
En declaraciones en la cumbre de salud de África en Ghana el martes, el doctor Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, pidió intensificar los esfuerzos para frenar el brote.
“Si no detenemos este brote hoy, podría convertirse en uno de los peores brotes de ébola que el mundo haya documentado”, dijo Kaseya.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  ASSOCIATED PRESS
(AP Foto/Prosper Heri Ngorora)

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