RAYMONDVILLE, Texas (AP) — Una familia cuyos dos hijos adolescentes pertenecen a una banda de mariachis reconocida a nivel nacional en el sur de Texas se reunió el lunes por la tarde después de críticas bipartidistas de que la campaña de la administración Trump para la deportación masiva se extralimitó al detener a la familia.Los hermanos Antonio Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Joshua, de 14, fueron detenidos junto con su hermano de 12 años y sus padres el 25 de febrero. Los adolescentes eran miembros destacados de la banda Mariachi Oro de la escuela secundaria McAllen, que visitó la Casa Blanca, actuó en el Carnegie Hall y ganó ocho campeonatos estatales.
Los dos niños más pequeños y sus padres fueron liberados el lunes de un centro de detención familiar en Dilley, Texas, dijo el representante estadounidense Joaquín Castro, un demócrata de Texas que los visitó, en su tercera visita al centro de detención.
Antonio fue liberado el lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de un centro de detención en Raymondville, Texas.
“Estaban eufóricos. Lloraban. Estaban emocionados de reencontrarse con su hijo y hermano, Antonio, quienes se encontraban detenidos por separado en Raymondville”, dijo Castro en una conferencia de prensa en San Antonio. “Pero su madre seguía preguntando: '¿Qué hicimos mal? Seguimos todas las reglas. Acudimos a los tribunales, no hemos hecho nada malo'”.
La familia se había estado comunicando periódicamente con las autoridades de inmigración, según las instrucciones, cuando fueron detenidos, según un pariente y una novia que organizaron una cuenta GoFundMe para la familia.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que los padres, Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, fueron arrestados por las autoridades migratorias y decidieron traer consigo a sus tres hijos. El departamento indicó que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de Brownsville, Texas.
Efrén C. Olivares, abogado del Centro Nacional de Derecho de Inmigración que representa al hijo mayor, Antonio, aclaró que la familia ingresó legalmente a través de la aplicación CBP One, una vía legal, en 2023.
Olivares dijo que Antonio fue liberado después de que los abogados presentaron una solicitud de libertad condicional ante ICE, la cual fue concedida y los abogados no necesitaron pedir una orden judicial.
Funcionarios electos de todo el espectro político expresaron su apoyo a la familia, que es de México y había solicitado asilo en Estados Unidos y estaba pasando por sus procedimientos de inmigración.
“Desafío a mis colegas a trabajar juntos para lograr nuevas políticas de cumplimiento que no solo aseguren nuestra frontera, sino que también creen comunidades más seguras y que, en última instancia, sean de sentido común”, dijo la representante estadounidense Mónica de la Cruz, congresista republicana que representa a McAllen, en Raymondville después de la liberación de Antonio.
El alcalde republicano de McAllen, Javier Villalobos, dijo que apoyaba a la familia y que continúa abogando por "caminos responsables para personas respetuosas de la ley que quieran contribuir a nuestra economía, apoyar a sus familias y convertirse en vecinos productivos en McAllen".
El representante estadounidense Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York y presidente del Caucus Hispano del Congreso, calificó la detención de la familia de “escandalosa”.
Los directores del mariachi de los niños visitaron a la familia detenida en Dilley el lunes por la mañana. Alex Treviño, director del mariachi, y Neri Fuentes, subdirectora, comentaron que los niños estaban preocupados por perder sus habilidades para tocar.
“Les preocupaba que sus dedos no funcionaran, porque no tienen instrumentos”, dijo Treviño.
Antonio, quien había estado apartado de la familia debido a su edad, ganó recientemente la primera cátedra de trompeta en una competencia estatal.
“Este año se graduará de la preparatoria, irá a la universidad y se unirá a otros grupos universitarios. Quiere ser profesor de música”, dijo Fuentes.
Castro atribuyó la liberación de la familia a un esfuerzo colectivo y afirmó que sigue presionando para que se cierre el centro de detención familiar en Dilley. Añadió que la población del centro de detención había disminuido de unas 1100 personas en enero a unas 450, de las cuales aproximadamente 100 eran menores de edad.
Por VALERIE GONZALEZ
(Foto AP/Valerie Gonzalez)