Denunciante SalvadorUn juez federal que investiga si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debería enfrentar un cargo de desacato por los vuelos que transportaron migrantes a El Salvador, dijo el lunes que quiere escuchar a un denunciante y un alto funcionario del Departamento de Justicia.
El juez federal de distrito James Boasberg en Washington ordenó al gobierno que ponga a la fiscal general adjunta Drew Ensign a disposición para testificar el 16 de diciembre. Boasberg quiere escuchar un día antes al abogado despedido del Departamento de Justicia, Erez Reuveni.
La orden de rendir testimonio intensifica el enfrentamiento extraordinario entre los poderes judicial y ejecutivo.
En marzo, Boasberg ordenó a la administración republicana que diera la vuelta a dos aviones que transportaban migrantes venezolanos.
En cambio, los aviones aterrizaron en El Salvador horas después, lo que desencadenó la investigación por desacato. Boasberg intenta determinar si el gobierno ignoró deliberadamente su orden y si debería ser procesado por desacato.
Reuveni presentó una denuncia alegando que un funcionario del Departamento de Justicia sugirió que la administración Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados ​​de ser pandilleros. La administración ha declarado que las acusaciones son falsas.
El Departamento de Justicia dijo que Ensign transmitió la orden oral de Boasberg y una orden escrita posterior al Departamento de Seguridad Nacional.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal el viernes, Noem dijo que tomó la decisión de no devolver los aviones a Estados Unidos después de recibir "asesoramiento legal privilegiado" del asesor general interino del Departamento de Seguridad Nacional y "a través de él, del alto liderazgo del Departamento de Justicia".
Boasberg, quien fue nominado al tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama, calificó la declaración de Noem de "superficial".
"Como esta declaración no proporciona suficiente información para que el Tribunal determine si su decisión fue una violación intencional de la Orden del Tribunal, el Tribunal no puede en este momento encontrar causa probable de que sus acciones constituyeron desacato criminal", escribió el juez en la orden del lunes.
La administración ha declarado que no violó la orden de Boasberg. La orden del juez de devolver los aviones se emitió verbalmente ante el tribunal, pero no se incluyó en su orden escrita, según declararon los abogados del gobierno en un expediente judicial presentado en noviembre.
Esa orden impidió que la administración expulsara a “cualquiera de los demandantes individuales de los Estados Unidos durante 14 días”, pero no dijo nada sobre los vuelos que ya estaban en el aire, dijeron.
Los dos aviones ya habían salido del territorio y espacio aéreo estadounidense, por lo que los migrantes a bordo ya habían sido “retirados” y, por lo tanto, quedaban fuera de la orden judicial, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en la presentación judicial.
Los abogados del Departamento de Justicia, en una presentación judicial el viernes, se opusieron a cualquier "testimonio en vivo", instando a Boasberg en cambio a "proceder rápidamente" con una remisión por desacato penal si creía que su orden era "suficientemente clara al imponer una obligación de detener la transferencia de custodia de los detenidos que ya habían sido expulsados ​​de los Estados Unidos".
(Foto AP/Ronda Churchill)
Por  SUDHIN THANAWALA
Arrestos migratoriosNUEVA ORLEÁNS (AP) — Las autoridades estatales y federales siguen de cerca las críticas y protestas en línea contra la ofensiva migratoria en Nueva Orleans , monitoreando foros de mensajes las 24 horas del día para detectar amenazas a los agentes y compilando actualizaciones regulares sobre el "sentimiento" público en torno a los arrestos, según registros policiales revisados ​​por The Associated Press.
La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando los funcionarios han publicado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados la semana pasada como parte de "Catahoula Crunch", lo que provocó pedidos de mayor transparencia por parte de los funcionarios locales que dicen que se les ha mantenido en la oscuridad sobre prácticamente todos los aspectos de la operación.
“Las opiniones en línea siguen siendo diversas: algunos apoyan las operaciones, mientras que otros se oponen”, indicó un informe distribuido el domingo por la mañana a las fuerzas del orden. Boletines anteriores indicaron que varios grupos instan al público a grabar a ICE y a la Patrulla Fronteriza, así como a establecer nuevos lugares donde los agentes puedan encontrar inmigrantes.
Las autoridades de inmigración han insistido en que las redadas se dirigen a "inmigrantes ilegales delincuentes". Sin embargo, los registros policiales detallan los antecedentes penales de menos de un tercio de las 38 personas arrestadas en los dos primeros días del operativo.
Los líderes locales declararon a la AP que esas cifras —que se les advirtió a las autoridades que no difundieran a los medios— socavaban el objetivo declarado de la redada. También expresaron su preocupación de que la vigilancia en línea pudiera socavar la libertad de expresión, ya que las autoridades amenazan con acusar a cualquiera que interfiera con la aplicación de las leyes migratorias.
“Confirma lo que ya sabíamos: no se trataba de seguridad pública, sino de sembrar el caos y el miedo, y aterrorizar a las comunidades”, declaró el senador estatal Royce Duplessis, demócrata que representa a Nueva Orleans. “Está fomentando una narrativa perversa de estereotipos de que los inmigrantes son violentos”.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no respondió a preguntas sobre la recopilación de inteligencia y remitió a AP a un comunicado de prensa previo que anunciaba "docenas de arrestos". La agencia no ha publicado un recuento de los detenidos ni de sus antecedentes penales.
Pocos de los inicialmente arrestados tenían antecedentes penales violentos
El DHS ha detallado públicamente solo seis arrestos derivados del operativo —todos personas con antecedentes penales—, incluyendo un hombre que, según afirmaron vagamente, fue condenado por homicidio y otro por agresión sexual. La agencia, que cuenta con varios cientos de agentes sobre el terreno en el sureste de Luisiana, ha declarado que su objetivo es realizar al menos 5.000 arrestos en la región durante un operativo que se prevé que dure hasta dos meses.
“Los estadounidenses deberían poder vivir sin temor a que inmigrantes ilegales y criminales violentos les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los líderes republicanos han presentado la ofensiva como dirigida contra los delincuentes más violentos. Sin embargo, los registros revisados ​​por AP identifican que solo nueve de las 38 personas arrestadas en los primeros días tenían antecedentes penales que iban más allá de las infracciones de tránsito; información que, según advierten los boletines de inteligencia, "no debe distribuirse a los medios de comunicación".
El presidente del Concejo Municipal de Nueva Orleans, JP Morrell, dijo que los objetivos declarados de la operación para arrestar a los delincuentes violentos no se alineaban con la realidad de lo que está sucediendo.
“Literalmente no se proporciona ninguna información a la ciudad de Nueva Orleans”, dijo Morrell. “Si el objetivo era que vinieran aquí y reforzaran las fuerzas del orden existentes, para perseguir a delincuentes violentos o personas con amplios antecedentes penales, ¿por qué no serían más transparentes sobre a quiénes arrestan y por qué?”
Morrell y otros funcionarios han dicho que la ofensiva parece ser una redada enfocada en personas de piel morena, citando videos virales de encuentros como agentes enmascarados persiguiendo a un ciudadano estadounidense de 23 años que regresaba a casa desde la tienda de comestibles.
Las autoridades han estado siguiendo de cerca estas imágenes y la reacción del público. "Para algunos simpatizantes, los videos con sonidos de niños llorando de fondo mientras arrestan a sus padres les resultan muy dolorosos", declaró un informe.
Las autoridades monitorean el sentimiento público y las protestas
Los registros también arrojan nueva luz sobre la cooperación entre las autoridades estatales y federales en una operación que recibió con agrado el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry. Tanto el FBI como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han destacado agentes en el Intercambio Analítico y de Fusión del Estado de Luisiana, un centro de intercambio de inteligencia y datos que sigue de cerca las conversaciones en el foro en línea Reddit, que los residentes locales han utilizado para intercambiar información sobre las redadas de inmigración.
Un informe señaló que algunos "han llegado al extremo de acusar a los agentes de discriminar racialmente a las zonas hispanas específicamente". Otro destacó publicaciones en redes sociales que sugerían que los agentes "no están cumpliendo con la misión de centrarse únicamente en inmigrantes delincuentes". Y un tercero señaló que quienes critican las redadas "traen a colación huracanes pasados ​​y el trabajo realizado por los inmigrantes" tras estos.
“Las conversaciones son más lentas por la noche, principalmente para comentar publicaciones de la mañana”, afirma uno de los informes. “Una vez que amanezca y las agencias vuelvan a funcionar, las conversaciones y las nuevas publicaciones se reanudarán”.
Las sesiones informativas no han identificado ninguna amenaza para las fuerzas del orden, pero el centro de fusión ha intentado desmentir lo que calificó como informes falsos de que un peatón fue atropellado mortalmente por las fuerzas del orden. "Se ha confirmado que esto realmente no ocurrió", declaró el centro a las fuerzas del orden el sábado.
En una sesión informativa se describió un incidente que involucró a “personas sospechosas/manifestantes” que se presentaron temprano el sábado en una instalación de ICE en la parroquia de St. Charles, donde los registros muestran que se esperaba que los detenidos fueran procesados.
Algunos funcionarios locales afirmaron desconocer el papel del estado en el monitoreo en línea. La Policía Estatal de Luisiana prometió apoyo operativo a las autoridades de inmigración y advirtió al público que los agentes arrestarán a cualquiera que agreda a un agente federal o cause daños a la propiedad.
“La Policía Estatal de Luisiana se mantiene vigilante en la actividad en redes sociales relacionada con protestas, activismo y otras formas de respuesta pública”, escribió el agente Danny Berrincha, portavoz de la policía estatal, en un correo electrónico a AP. “A través del Centro de Fusión de la LSP, monitoreamos activamente los acontecimientos y facilitamos el intercambio de información y la comunicación entre nuestras agencias asociadas”.
El centro de fusión también ha rastreado las herramientas utilizadas por los manifestantes para eludir las leyes federales de inmigración, destacando vínculos en redes sociales con la distribución de silbatos, capacitaciones sobre la filmación de agentes federales y la creación de una línea directa para denunciar arrestos. La vigilancia se extendió a las discusiones de activistas sobre la presencia de las autoridades de inmigración cerca de una escuela primaria y recapituló las manifestaciones dentro del Ayuntamiento de Nueva Orleans y en otros lugares.
“Pueden vigilarme todo lo que quieran”, dijo Rachel Taber, organizadora del grupo de defensa de base Union Migrante, con sede en Nueva Orleans, que comparte informes y videos colaborativos de las operaciones federales de inmigración. “No estamos haciendo nada ilegal”.
Beth Davis, portavoz de Indivisible NOLA, organización que ha organizado algunas de las capacitaciones descritas en las sesiones informativas para las fuerzas del orden, dijo que era triste que las autoridades parecieran preocupadas por los ciudadanos respetuosos de la ley. "Me asombra que se sientan amenazados por un grupo de organizadores comunitarios que no tienen más que teléfonos y silbatos".
Mustian informó desde Nueva York.
Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.
JACK BROOK cubre temas del gobierno, la infraestructura y el medio ambiente de Luisiana desde Nueva Orleans. Es miembro del equipo de Report for America.
(Foto AP/Gerald Herbert, Archivo)
Inmigrantes Somaliao dijo cuatro veces en siete segundos: los migrantes somalíes en Estados Unidos son “basura”.
No fue un error. De hecho, los ataques verbales del presidente Donald Trump contra los migrantes han ido en aumento desde que dijo que México estaba enviando “violadores” a través de la frontera durante el anuncio de su campaña presidencial hace una década. También se ha hecho eco de la retórica utilizada en su día por Adolf Hitler y dijo que las 54 naciones de África eran “países de mierda”. Pero con la floritura con la que puso fin a una reunión de dos horas de su gobierno el martes, el republicano intensificó aún más su retórica contra los migrantes y abandonó cualquier afirmación de que su ejecutivo solo quería expulsar a las personas que están en Estados Unidos sin los permisos adecuados.
“No los queremos en nuestro país”, dijo Trump en cinco ocasiones refiriéndose a las 260.000 personas de ascendencia somalí que hay en el país. “Que regresen al lugar de donde vinieron y lo arreglen”.
Los miembros del gobierno vitorearon y aplaudieron las palabras del mandatario. Se pudo ver al vicepresidente, JD Vance, levantando un puño. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sentado a la izquierda de Trump, le dijo ante las cámaras: “Bien dicho”.
Esos dos últimos minutos ofrecieron un espectáculo fascinante en una nación que se enorgullece de haber sido fundada y enriquecida por emigrantes, junto a su horrible historial esclavizando a millones de ellos y las limitaciones a quienes pueden entrar. Las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ordenadas por Trump han reavivado un antiguo debate —y ampliado las división de la nación— acerca de quién puede ser estadounidense. Trump les ha dicho a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, entre otros, que no los quiere por su origen familiar.
“Lo que ha hecho es llevar este tipo de lenguaje a la conversación diaria, a lo habitual”, dijo Carl Bon Tempo, profesor de historia de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. “De alguna manera, ha legitimado este tipo de lenguaje que, para muchos estadounidenses durante mucho tiempo, se consideraba fuera de los límites”.
Una pregunta que llega al núcleo de la identidad estadounidense
Algunos estadounidenses llevan mucho tiempo sintiendo que las personas procedentes de ciertas partes del mundo nunca llegan a integrarse realmente. Ese sentimiento de rechazo a los extranjeros se ha manifestado durante períodos difíciles, como la campaña de miedo a los chinos a finales del siglo XIX y el encarcelamiento de unos 120.000 japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump, que fue reelegido para un segundo mandato con más de 77 millones de votos el año pasado, ha puesto en marcha una campaña gubernamental integral para limitar la inmigración. Su orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento —declarando que los hijos de padres que están en Estados Unidos en situación irregular o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses a pesar de la 14ª Enmienda— está siendo evaluada por la Corte Suprema. Ha congelado en gran medida el sistema de asilo del país y ha reducido drásticamente el número de refugiados admitidos. Y esta semana, su ejecutivo suspendió las solicitudes de inmigración para personas de las 19 naciones sujetas a un veto de viaje.
La inmigración sigue siendo un tema prioritario para Trump, y obtiene calificaciones ligeramente más altas en este aspecto que en la valoración general de su labor. Según una encuesta de AP-NORC de noviembre, aproximadamente cuatro de cada 10 adultos, o el 42%, aprobaron la forma en la que el mandatario gestiona el tema, un descenso desde la mitad que lo respaldaba en marzo. Y Trump ha impulsado su agenda con medidas represivas casi a diario. El miércoles, agentes federales lanzaron redadas migratorias en Nueva Orleans.
Hay algunos indicios de que Trump utiliza una retórica antimigratoria más contundente que muchos miembros de su propio partido. Un estudio que abarcó 200.000 discursos en el Congreso y 5.000 comunicaciones presidenciales relacionadas con la inmigración entre 1880 y 2020 encontró que las palabras “más influyentes” sobre el tema eran términos como “aplicar”, “terrorismo” y “política” desde 1973 hasta el primer mandato de Trump.
Los autores escribieron en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias que Trump es “el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos que expresa un sentimiento hacia la inmigración que es más negativo que el del miembro promedio de su propio partido”. Y eso fue antes de llamar “basura” a miles de somalíes en Estados Unidos.
El mandatario, acosado por otros acontecimientos durante la reunión del gobierno y las conversaciones entre su homólogo ruso, Vladímir Putin, y los enviados estadounidenses, optó por un discurso duro en su intervención final.
Los somalíes-estadounidenses, dijo, “vienen del infierno” y “no contribuyen en nada”. No hacen “nada más que quejarse” y “su país apesta”. A continuación, se dirigió a un objetivo conocido: la representante demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, crítica habitual de Trump, de quien dijo que “es basura”. “Sus amigos son basura”, agregó.
Sus comentarios sobre Somalia causaron conmoción y condena desde Minneapolis hasta Mogadiscio.
“Mi visión de Estados Unidos y de vivir allí ha cambiado drásticamente. Nunca pensé que un presidente, especialmente en su segundo mandato, hablaría con tanta dureza”, dijo Ibrahim Hassan Hajji, un residente en la capital de Somalia, a The Associated Press. “Por eso, no tengo planes de viajar a Estados Unidos”.
Omar calificó la “obsesión” de Trump con ella y con los somalíes-estadounidenses como “espeluznante e insana”.
“No somos, y yo no soy, personas que se dejen intimidar”, manifestó. “Y no vamos a ser chivos expiatorios”.
La influencia de Trump en estos temas es potente
Pero desde el púlpito más importante de la mayor economía del mundo, Trump ha tenido una influencia innegable en la forma en la que la gente ve a los migrantes.
“Trump es especialista en traspasar los límites de lo que otros han hecho antes”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho civil en la Universidad Estatal de Ohio. “Está lejos de ser el primer político en abrazar la xenofobia racial. Pero como presidente de Estados Unidos, tiene más impacto que la mayoría”.
A nivel nacional, cuenta con “una lealtad admirable” entre los republicanos, agregó. “A nivel internacional, encarna una aspiración para políticos e intelectuales de ideas afines”.
En Reino Unido, las actitud hacia los migrantes se han endurecido en la década transcurrida desde el Brexit, una votación motivada en parte por la hostilidad hacia quienes llegaban al país desde Europa del Este. Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform U.K., calificó la migración no autorizada de “invasión” y advirtió sobre desórdenes civiles inminentes.
La francesa Marine Le Pen y su padre construyeron su imperio político sobre el lenguaje antimigratorio décadas antes de que Trump entrara en política. Pero su formación, Agrupación Nacional, ha suavizado su retórica en favor de lograr un mayor apoyo. Le Pen suele plantear el tema como una cuestión administrativa o política.
De hecho, los calificativos de Trump a los somalíes probablemente serían ilegales en Francia si los dijera alguien que no fuera un jefe de Estado, ya que los insultos públicos basados en el origen nacional, la etnia, la raza o la religión de un grupo son ilegales según sus leyes contra los discursos de odio. Pero la legislación francesa otorga inmunidad a los jefes de Estado.
Un abogado expresó su preocupación porque las palabras de Trump alienten a otros jefes de Estado a usar un discurso de odio similar.
“Comentarios que dicen que una población apesta, procedentes de un jefe de Estado extranjero, una potencia militar y económica mundial de primer nivel, eso nunca ha sucedido antes”, indicó el abogado parisino Arié Alimi, quien ha trabajado en casos de discurso de odio. “Así que estamos cruzando un umbral muy, muy, muy importante en términos de expresar comentarios racistas...”.
Pero el presidente del “Estados Unidos primero” dijo que no le preocupa lo que otros piensen de su retórica cada vez más divisiva sobre la inmigración.
“Escucho a alguien decir: ‘Oh, eso no es políticamente correcto’”, dijo Trump, concluyendo su resumen el martes. “No me importa. No los quiero”.
Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Linley Sanders en Washington, John Leicester en París, Jill Lawless en Londres, Evelyne Musambi en Nairobi, Kenia, y Omar Faruk en Mogadiscio, Somalia, contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LAURIE KELLMAN has covered U.S. politics and foreign affairs for the Associated Press, including 23 years reporting from Washington and three from Jerusalem. She is based in London.
(AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Trump despedirWASHINGTON (AP) — El intento del gobierno de Trump de ampliar el control sobre las agencias federales independientes se presenta ante una Corte Suprema comprensiva que podría revocar una decisión de hace 90 años que limita cuándo los presidentes pueden despedir a los miembros de sus juntas.
Los abogados de la administración están defendiendo la decisión del presidente Donald Trump de despedir a Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio , sin motivo y piden al tribunal que deseche la decisión unánime de 1935 en Humphrey's Executor.
Los argumentos tendrán lugar el lunes.
Los seis jueces conservadores de la corte ya han manifestado un fuerte apoyo a la posición de la administración, a pesar de la objeción de sus tres colegas liberales, al permitir que Slaughter y los miembros de las juntas directivas de otras agencias sean removidos de sus trabajos incluso mientras continúan sus desafíos legales.
Trump también despidió a miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
Los únicos funcionarios que hasta ahora han sobrevivido a los intentos de destituirlos son Lisa Cook , gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter , funcionaria de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso. El tribunal ha sugerido que considerará a la Reserva Federal de forma diferente a otras agencias independientes, y Trump ha declarado que quiere que la destituyan debido a las acusaciones de fraude hipotecario . Cook afirma que no hizo nada malo.
Una segunda cuestión en el caso Slaughter podría afectar a Cook. Incluso si un despido resulta ser ilegal, el tribunal quiere decidir si los jueces tienen la facultad de reincorporar a alguien.
El juez Neil Gorsuch escribió a principios de este año que los empleados despedidos que ganen en los tribunales probablemente puedan recuperar el pago retroactivo, pero no la reincorporación.
Esto podría afectar la capacidad de Cook para permanecer en su puesto. Los jueces se han mostrado cautelosos ante la incertidumbre económica que podría surgir si Trump logra despedir a los líderes del banco central. El tribunal escuchará argumentos por separado en enero sobre si Cook puede permanecer en su puesto mientras su recurso judicial avanza.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha escrito una serie de opiniones que se remontan a 2010 y que han ido reduciendo progresivamente las leyes que restringen la capacidad del presidente para despedir a personas.
En 2020, Roberts escribió para el tribunal que “el poder de destitución del presidente es la regla, no la excepción” en una decisión que confirmó el despido por parte de Trump del director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor a pesar de protecciones laborales similares a las confirmadas en el caso de Humphrey.
En la decisión de inmunidad de 2024 que evitó que Trump fuera procesado por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020, Roberts incluyó el poder de disparar entre los poderes "concluyentes y preclusivos" del presidente que el Congreso no tiene autoridad para restringir.
El tribunal también estaba lidiando con un miembro de la FTC que fue despedido por el presidente Franklin Roosevelt en 1935, quien prefirió su propia elección en una agencia que tendría mucho que decir sobre el New Deal.
William Humphrey rechazó la solicitud de renuncia de Roosevelt. Tras su fallecimiento al año siguiente, el albacea encargado de administrar su patrimonio, Humphrey, interpuso una demanda por pagos atrasados.
Los jueces confirmaron por unanimidad la ley que establece la FTC y limita al presidente a destituir a un comisionado únicamente por “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o malversación de fondos en el ejercicio del cargo”.
MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D. C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.
(Foto AP/Mark Schiefelbein)
Agentes ferderalesNUEVA ORLEÁNS (AP) — Agentes federales comenzaron a recorrer las calles de Nueva Orleans el miércoles en la última ofensiva migratoria del gobierno de Trump en todo Estados Unidos, buscando detener a inmigrantes acusados ​​de delitos violentos, dijo un funcionario de Seguridad Nacional.
Agentes enmascarados patrullaban un suburbio con una gran población hispana en vehículos marcados y no marcados, y un residente dijo a The Associated Press que vio a agentes arrestando a hombres afuera de una tienda de artículos para el hogar en Nueva Orleans, una escena familiar que se ha repetido en varias ciudades importantes en los últimos meses.
El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino , quien dirigió las operaciones de cumplimiento de la ley en Chicago , Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte , se reunió el miércoles con agentes reunidos en un estacionamiento de Home Depot.
Hay más de 200 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. trabajando en la operación de Nueva Orleans, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente. El objetivo es realizar el mayor número posible de arrestos en al menos 60 días.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración que la operación de Nueva Orleans está dirigida a inmigrantes que fueron liberados después de ser arrestados por delitos como invasión de domicilio, robo a mano armada y violación.
Los funcionarios de inmigración han cubierto grandes ciudades y pequeños pueblos de todo el país desde enero, implementando las deportaciones masivas del presidente republicano Donald Trump . Se espera pronto otra operación en Minnesota , dirigida contra inmigrantes somalíes. Estas tácticas de control han generado protestas y demandas .
La operación en Luisiana se llama "Catahoula Crunch", continuando con el patrón de Seguridad Nacional de asignar nombres específicos de cada región a las medidas represivas. El perro leopardo Catahoula es el perro oficial del estado de Luisiana. Los documentos de planificación obtenidos por AP se referían a la operación de Luisiana como "Swamp Sweep".
Comienzan operativos federales en grandes superficies
El miedo y la incertidumbre han pesado mucho sobre la comunidad inmigrante en Nueva Orleans , una ciudad estadounidense única conocida como la cuna del jazz y por sus celebraciones de Mardi Gras y su rica mezcla de culturas francesa, española, africana y nativa americana.
Un testigo vio a agentes federales perseguir y arrestar a personas en el estacionamiento de una tienda Lowe's en Nueva Orleans el miércoles por la mañana.
“Intentaron cruzar la calle corriendo, pero los atraparon”, dijo Jody Styles.
Un convoy de vehículos marcados y no marcados pasó lentamente junto a gasolineras y un Walmart en Kenner, un suburbio con la mayor concentración de residentes hispanos de cualquier ciudad del estado.
Los agentes se detuvieron y hablaron con un hombre que cortaba el césped antes de continuar. En otro vecindario, una docena de agentes rodearon una casa donde un hombre estaba en el tejado esperando a que los agentes se fueran. Residentes y defensores se encontraban cerca, filmando el encuentro.
La Patrulla Fronteriza y los funcionarios de inmigración no respondieron de inmediato a los mensajes que preguntaban cuántos arrestos se realizaron el primer día.
La comunidad inmigrante se prepara
Algunos dueños de negocios en zonas con una gran población hispana afirman que permanecerán cerrados hasta que finalice la operación. Otros locales tienen letreros que prohíben la entrada a los agentes federales de inmigración.
En la puerta de Los Hondureños, un restaurante en Kenner, había una nota manuscrita que anunciaba el cierre hasta nuevo aviso. Terminaba: «Gracias, Los Hondureños».
Hace veinte años, Nueva Orleans dependía de miles de trabajadores latinos que ayudaron a reconstruirse tras el huracán Katrina . Pero no ha escapado a la creciente tensión por la inmigración.
A principios de esta semana, decenas de personas salieron a las calles, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, para protestar contra la inminente represión. El miércoles, el Ayuntamiento lanzó un portal en línea donde los residentes pueden denunciar presuntos abusos por parte de agentes federales.
Las políticas de santuario bajo fuego
El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, ha señalado crímenes en los cuales el estatus migratorio del sospechoso está en duda, como el asesinato de un guía turístico del Barrio Francés por parte de un grupo que incluía a un hondureño que entró al país ilegalmente.
La Fiscal General Pam Bondi ha acusado a Nueva Orleans de socavar la aplicación de las leyes federales de inmigración. El Departamento de Justicia incluye a Nueva Orleans en una lista de 18 ciudades que, según considera, brindan refugio a inmigrantes sin estatus legal.
Las autoridades de Nueva Orleans niegan que las políticas de la ciudad obstaculicen la aplicación de la ley migratoria. La jefa de policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick, ha declarado que lo considera un asunto civil fuera de su jurisdicción.
'Continuaremos así hasta que los saquemos a todos de la calle'
Luisiana se ha estado preparando durante semanas para la ofensiva. El gobernador, un estrecho aliado de Trump que ha tomado medidas para alinear la política estatal con la agenda de cumplimiento de la ley de la Casa Blanca, declaró el miércoles que la operación se centrará en "los peores de los peores, los inmigrantes ilegales delincuentes que han infringido la ley".
“Comenzó hoy y continuará hasta que los saquemos a todos de la calle”, dijo Landry durante una entrevista en el programa de radio de Walton & Johnson.
Además del despliegue de agentes federales, Landry dijo que espera que miembros de la Guardia Nacional lleguen a Nueva Orleans antes de Navidad para unirse a los esfuerzos para combatir el crimen.
Los documentos de planificación de la operación de inmigración mostraron que los agentes fronterizos tenían la intención de lanzar una ofensiva de meses de duración en el sureste de Luisiana y en Mississippi.
Se esperaba que el despliegue, que tiene como objetivo arrestar a 5.000 personas, fuera liderado por la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes han sido objeto de escrutinio por tácticas agresivas en otras ciudades, incluidas Chicago y Los Ángeles.
Un grupo de derechos de los inmigrantes de Luisiana pidió el miércoles a un juez que bloquee una nueva ley estatal que da a los fiscales mayor libertad para acusar a personas acusadas de retrasar, obstaculizar o interferir con la aplicación de leyes federales de inmigración.
Servicios de Inmigración y Defensa Legal, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva Orleans, afirmó que la ley ha tenido un efecto inhibidor en su libertad de expresión. El grupo expresó su preocupación por infringir la ley, por lo que suspendió los talleres que explicaban los derechos legales durante un arresto relacionado con la inmigración y el derecho de los transeúntes a filmar o grabar.
Cline informó desde Baton Rouge. Los periodistas de Associated Press Elliot Spagat en San Diego; John Seewer en Toledo, Ohio; y Stephen Smith en Kenner, Luisiana, contribuyeron
Brook es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.
(Foto AP/Gerald Herbert)
Por  JACK BROOK y SARA CLINE

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