Durante años, el presidente estadounidense Donald Trump culpó a los “comunistas” de sus problemas legales y políticos. Ahora, el segundo gobierno de Trump está usando esa misma etiqueta, de fuerte carga histórica, para retratar a sus adversarios —desde jueces hasta educadores— como amenazas a la identidad, cultura y valores de Estados Unidos.

¿Por qué? el mismo Trump explicó la estrategia el año pasado cuando describió cómo planeaba derrotar a su oponente demócrata, entonces vicepresidenta Kamala Harris, en la elección presidencial.

“Todo lo que tenemos que hacer es definir a nuestro oponente como un comunista o un socialista o alguien que va a destruir nuestro país”, dijo a los periodistas en su club de golf en Nueva Jersey en agosto.

Trump hizo precisamente eso, llamando a Harris “camarada Kamala”, y ganó en noviembre. Con el consentimiento de más de 77 millones de estadounidenses que emitieron sus votos —el 49,9% del total—, Trump está llevando esa estrategia a su segundo mandato.

De lo que habla no es propiamente “comunismo”

En 2025, el comunismo ejerce una gran influencia en países como China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba. Pero no en Estados Unidos.

“El núcleo del comunismo es la creencia de que los gobiernos pueden hacerlo mejor que los mercados en la provisión de bienes y servicios. Hay muy, muy pocas personas en Occidente que realmente crean eso”, dijo Raymond Robertson de la Facultad de Gobierno y Servicio Público Bush de la Universidad Texas A&M. “A menos que estén argumentando que el gobierno debería dirigir U.S. Steel y Tesla, simplemente no son comunistas”.

La palabra “comunista”, por otro lado, puede tener un poder emocional enorme como herramienta retórica, incluso ahora. Es aún más potente como un término peyorativo —aunque frecuentemente inexacto, incluso peligroso— en medio del destello contemporáneo de las redes sociales y la desinformación. Después de todo, el miedo y la paranoia de la Revolución Rusa, el “Temor Rojo”, la Segunda Guerra Mundial, el macartismo y la Guerra Fría se están desvaneciendo en el pasado del siglo XX.

Pero Trump, de 78 años y famoso por etiquetar a las personas que considera obstáculos, lo recuerda.

“No podemos permitir que un puñado de jueces radicales de izquierda comunista obstruyan la aplicación de nuestras leyes”, dijo el presidente el martes en Michigan cuando celebraba sus primeros 100 días en el cargo. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de aclaración sobre lo que Trump quiere decir cuando llama a alguien “comunista”.

Vale la pena atender el momento en que utiliza “comunista”.

El discurso de Trump en Michigan se produjo durante una semana de noticias económicas y políticas complicadas. Días antes, una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs reveló que más estadounidenses están en desacuerdo con las prioridades de Trump hasta ahora que de acuerdo con ellas, y que muchos republicanos se muestran ambivalentes sobre sus elecciones de enfoque. Después del discurso, el gobierno informó que la economía se contrajo durante el primer trimestre de 2025 debido a que los aranceles de Trump interrumpieron los negocios.

El jueves, el principal asesor presidencial Stephen Miller subió al podio de la Casa Blanca y pronunció la misma palabra “comunismo” cuatro veces en unos 35 minutos durante una denuncia de políticas pasadas sobre temas de personas transgénero, diversidad e inmigración.

“Estas son algunas de las áreas en que el presidente Trump ha luchado contra la cultura woke comunista cancerosa que estaba destruyendo este país”, dijo Miller a los periodistas.

Su colección de palabras ofreció una selección de contenido atractivo para los usuarios de redes sociales, así como términos que podrían captar la atención de los estadounidenses de mayor edad. Los votantes mayores de 45 años votaron por poco margen a favor de Trump sobre sus rivales demócratas en 2020 y 2024.

En el centro de la frase de Miller: “comunista”.

“Tiende a ser un término cargado de afecto negativo, particularmente para los estadounidenses mayores que crecieron durante la Guerra Fría”, dijo Jacob Neiheisel, experto en comunicaciones políticas de la Universidad de Buffalo. “Adjuntar términos cargados emocionalmente a los adversarios políticos es una forma de minimizar su legitimidad a los ojos del público y pintarlos de manera negativa”.

Figura de la era del “Temor Rojo” influyó en un joven Trump

La amenaza de que los comunistas pudieran influir o incluso destruir Estados Unidos se cernió sobre el país durante décadas y condujo a algunos de los capítulos más desagradables en la historia del país.

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 1917, junto con una ola de inmigrantes, llevaron a lo que se conoce como el “Temor Rojo” de 1920, un período de intensa paranoia sobre la posibilidad de una revolución liderada por comunistas en Estados Unidos.

El “macartismo” después de la Segunda Guerra Mundial significó la caza de supuestos comunistas. Lleva el nombre del senador Joseph McCarthy, el republicano de Wisconsin que llevó a cabo audiencias televisadas al comienzo de la Guerra Fría que llevaron los temores anticomunistas a nuevas alturas con una serie de amenazas, insinuaciones y falsedades.

Culturalmente, la mera sugerencia de que alguien era “blando” con el comunismo podía terminar carreras y arruinar vidas. Las “listas negras” de supuestos comunistas proliferaron en Hollywood y más allá. McCarthy cayó en desgracia y murió en 1957.

El principal asesor del senador durante las audiencias, Roy Cohn, se convirtió en el mentor y solucionador de problemas de Trump cuando éste ascendía como magnate inmobiliario en Nueva York. La Guerra Fría tenía más de tres décadas de antigüedad. La amenaza de guerra nuclear era omnipresente.

El comunismo comenzó a colapsar en 1989 y la Unión Soviética se disolvió dos años después. Ahora es Rusia, gobernada por el presidente Vladímir Putin.

Pero el comunismo —al menos en una forma— sigue vivo en China, país con que Trump libra una guerra comercial que podría resultar en productos menos numerosos y más costosos en Estados Unidos. Al final de la semana, Trump estaba reconociendo las posibles consecuencias de la intervención de su gobierno: los estadounidenses podrían pronto no poder comprar lo que quieren, o podrían verse obligados a pagar más. Insistió en que China saldrá más perjudicada por los aranceles.

El verdadero debate moderno, dice Robertson, no es entre el capitalismo y el comunismo, sino sobre cuánto necesita intervenir el gobierno y cuándo. Sugiere que Trump no está realmente debatiendo comunismo vs. capitalismo de todos modos.

“Llamar ‘comunistas’ a las personas que abogan por una participación gubernamental ligeramente mayor es una retórica política engañosa típica que, desafortunadamente, funciona muy bien con los votantes que no tienen mucho tiempo para pensar en definiciones técnicas y paradigmas económicos”, indicó en un correo electrónico. “También es muy útil (para Trump) porque es inflamatorio, haciendo que la gente se enoje, lo cual puede ser adictivo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LAURIE KELLMAN  has covered U.S. politics and foreign affairs for the Associated Press, including 23 years reporting from Washington and three from Jerusalem. She is based in London.

(AP Foto/Alan Diaz, archivo)

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema federal que elimine las protecciones legales temporales para 350.000 venezolanos, con lo que podrían quedar expuestos a ser deportados.

El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda el fallo de un juez federal en San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los venezolanos, el cual estaba programado para expirar el mes pasado.

El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen son considerados inseguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.

Una corte federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno.

El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que le han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, entre ellas dar fin al TPS para cerca de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.

La apelación de emergencia ante el máximo tribunal se produjo el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos del gobierno para deportar a venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.

Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez de Distrito federal Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.

Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.

Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno sobre inmigración y asuntos exteriores.

Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación” .

El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LINDSAY WHITEHURST covers the Supreme Court, legal affairs and criminal justice for The Associated Press in Washington, D.C. Past stops include Salt Lake City, New Mexico and Indiana.

(AP Foto/Jon Elswick, Archivo)

POR  MARK SHERMAN and LINDSAY WHITEHURST

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump dijo el domingo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar a tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque le tiene miedo a los poderosos cárteles del país.

Sheinbaum confirmó el día anterior que Trump la presionó durante una conversación telefónica el mes pasado para que aceptara un papel más importante del Ejército estadounidense en el combate contra los cárteles del narcotráfico en México.

Trump dijo que era “cierto” que propuso enviar tropas a México y arremetió contra Sheinbaum por descartar la idea.

“Bueno, ella tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar, así que se sabe que esa es la razón”, dijo Trump en comentarios a los periodistas a bordo del avión presidencial el domingo. “Y creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

Estados Unidos ha incrementado constantemente su presencia militar a lo largo de la frontera con México en los últimos meses, después de que Trump ordenó en enero que el Ejército tuviera una mayor participación para frenar el flujo de migrantes.

El Mando Norte de Estados Unidos ha incrementado el envío de elementos y equipamiento hacia la frontera, ha aumentado el número de vuelos tripulados para labores de vigilancia con el objetivo de monitorear el tráfico de fentanilo a lo largo de la frontera y ha buscado expandir su autoridad para que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos trabajen estrechamente con las fuerzas mexicanas en operaciones contra los cárteles.

Pero Sheinbaum dijo que enviar a fuerzas estadounidenses para operar dentro de territorio mexicano era ir demasiado lejos.

Trump designó en febrero a muchos grupos delictivos y cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos como “organizaciones terroristas extranjeras”, medida con las que se restringen muchos de sus movimientos y pone a disposición más recursos a las fuerzas de seguridad para ir contra ellos.

Pero la postura de Sheinbaum, y la respuesta de Trump, dejan entrever que la presión de Estados Unidos para una intervención militar unilateral podría crear tensiones entre los dos mandatarios después de la cooperación en inmigración y comercio al inicio del segundo mandato de Trump.

Trump dijo que se necesita del ejército de Estados Unidos para frenar la plaga del fentanilo en Estados Unidos.

“Son malas noticias”, dijo Trump sobre los cárteles. “Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor entrar y hacerlo. Se lo dije. Sería un honor entrar y hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir a nuestro país”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AAMER MADHANI covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.

(AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

MIAMI (AP) — Un número récord de 1.120 personas acusadas de estar ilegalmente en Estados Unidos fueron arrestadas en menos de una semana durante una redada orquestada por autoridades federales, estatales y locales en Florida, una operación que las autoridades atribuyeron el jueves al creciente número de departamentos de policía local y agencias estatales que se han sumado a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas.

Esa cooperación se puso de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se sumó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para elogiar los arrestos.

“Continuaremos participando en amplios esfuerzos policiales internos”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios federales. “Esto es sólo el comienzo”.

La policía local puede arrestar a migrantes y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 517 en 39 estados, y hay otros pendientes de aprobación con otras 74 agencias.

A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellos que limitan su ayuda a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario”, y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal.

Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.

“Esto es hallar métodos para aterrorizar a comunidades”, declaró Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, quien añadió que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.

Los objetivos de deportación de Trump podrían ser demasiado grandes para el ICE por sí solo

El ICE, que tiene unos 6.000 agentes de deportación, necesita ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchas de los aproximadamente 11 millones de personas que están en el país ilegalmente, de acuerdo con un cálculo conservador.

Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un estrecho aliado de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos, los cuales lo convierten en el segundo estado con más pactos. Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Texas también ha firmado un acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional arresten a personas en la frontera.

Georgia y Carolina del Norte también se han sumado a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de cooperación de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados. Algunas de las instituciones participantes parecen tener poco —si es que tienen algo— que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Servicios de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.

Durante el gobierno del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza especial” por el cual la policía arresta a inmigrantes en calles y en comunidades, en lugar de al “modelo policial en cárceles”, por el cual el ICE sólo aprehende a personas cuando son colocadas en cárceles o prisiones estatales y locales.

Lena Graber, abogada sénior del Immigrant Legal Resource Center —un grupo activista que aboga por los inmigrantes—, indicó que el gobierno del presidente Barack Obama eliminó el modelo de fuerza especial en 2012 debido a la preocupación generalizada de que las organizaciones policiales autorizadas bajo este modelo estaban siendo racistas al realizar arrestos.

Escasean los detalles sobre los arrestados

El jueves, DeSantis y funcionarios federales ofrecieron algunos detalles de la “Operación ola gigante”, el operativo policial ejecutado por diversas agencias que, según el ICE, culminó con el arresto del mayor número de personas que estaban ilegalmente en Estados Unidos en un solo estado en una semana desde que la agencia fue creada en 2003.

“Si bien esta puede ser la primera... operación de su tipo, gracias al gobernador no será la última”, apuntó Madison Sheahan, subdirectora del ICE. “No nos detendremos”, advirtió, “porque no hay tolerancia para los extranjeros ilegales, criminales”.

Autoridades federales dijeron que entre las 1.120 personas arrestadas había muchas sujetas a órdenes definitivas de deportación y que tenían condenas penales en sus registros, pandilleros de organizaciones como Tren de Aragua y MS-13, delincuentes sexuales y prófugos de la justicia. La mayoría de los arrestados eran de Guatemala (437) y México (280).

Los funcionarios proporcionaron pocos detalles sobre las personas arrestadas, cómo fueron arrestadas o dónde. Identificaron a ocho personas por su nombre, de las que dicen tienen antecedentes penales además de estar en el país ilegalmente.

La Florida Immigrant Coalition (FLIC), una organización activista con más de 80 miembros en todo el estado, señaló que las autoridades no mostraron evidencia de que los detenidos hubieran cometido delitos contra el público.

“DeSantis y el ICE están evadiendo la verdad”, manifestó Renatta Bozzetto, subdirectora de la FLIC. “La historia que no están contando es que están ignorando el debido proceso, destrozando familias”.

Funcionarios de Florida dicen que muchas agencias locales todavía están esperando capacitación federal para apoyar en acciones próximas de control de la inmigración. Sin embargo, las últimas detenciones del ICE muestran cómo los papeles estatales y locales podrían crecer.

Un operativo involucró a unos 80 agentes de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) contra gente en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación de Beneficencia de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Caminos no respondió a preguntas.

Algunos defensores de los inmigrantes señalaron que la mayoría de las detenciones fueron realizadas por policías locales y patrulleros estatales, no por el ICE. Los afectados fueron arrestados durante controles de tráfico o a la salida del trabajo. Algunos no tenían antecedentes penales y habían solicitado asilo, o tenían permiso de trabajo, según activistas.

Una familia es separada de repente

Jessica Ramírez, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, indicó que la mayoría de los arrestados eran hombres. En algunos casos —aunque no muchos— los funcionarios del ICE llamaron a la puerta en viviendas de inmigrantes, añadió.

“La gente tiene muchísimo miedo de salir a manejar, miedo a la policía”, observó Ramírez. “La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”.

Chica, una mujer guatemalteca de 25 años que pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por temor a ser detenida, contó que Fernando, su pareja y padre de su bebé de 3 meses, fue detenido el viernes por la mañana mientras iba en un auto con otros tres inmigrantes hacia su trabajo en la construcción. No ha sabido de él desde entonces.

“Amor, la policía nos agarró”, le escribió Fernando, un guatemalteco de 20 años, el viernes a las 7:47 de la mañana.

Chica apuntó que él tenía una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo. La policía le pidió al conductor del vehículo que mostrara su licencia, pero él no tenía. Entonces los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes, incluido a Fernando, que llegó solo a Estados Unidos en 2020.

“Me preocupé mucho. No puedo creer que lo hayan agarrado”, dijo Chica, que ahora está sopesando regresar a Guatemala. “Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”.

Payne informó desde Tallahassee, Florida. Rebecca Santana contribuyó desde Washington.

KATE PAYNE writes about state government and education and is based in Tallahassee, FL. She is a Report for America corps member.

(AP Foto/Rebecca Blackwell)

POR  GISELA SALOMÓN and KATE PAYNE