KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania se enfrenta a una confluencia de crisis que ponen a prueba su capacidad para liderar una nación cada vez más cansada, casi cuatro años después de una devastadora invasión a gran escala por parte de Rusia.

Durante más de una semana, Volodymyr Zelenskyy ha luchado por contener las repercusiones de un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares que involucra a altos funcionarios y otros asociados. La presión sobre Zelenskyy se ha intensificado a medida que Estados Unidos impulsa una propuesta elaborada junto con Rusia que exigiría importantes concesiones de Ucrania —y aparentemente pocas de Rusia— para poner fin a la guerra .

Todo esto se desarrolla mientras Rusia realiza avances lentos pero constantes a través de partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) y bombardea sin cesar las centrales eléctricas de Ucrania, provocando graves cortes de electricidad a medida que se instala el clima más frío.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre las crecientes presiones a las que se enfrenta Zelenskyy:

Enfrentarse a una rebelión

Zelenskyy se enfrenta a una rebelión de legisladores de su propio partido desde que los organismos anticorrupción del país revelaron que se habían malversado 100 millones de dólares del sector energético mediante sobornos pagados por contratistas.

Tras la publicación de los hallazgos de los investigadores, Zelenskyy destituyó a dos altos funcionarios e impuso sanciones a sus colaboradores más cercanos . Uno de sus socios implicados en la trama, Tymur Mindich, habría huido del país. Mindich es socio de una productora audiovisual de la que Zelenskyy era copropietario antes de asumir la presidencia.

Algunos legisladores y activistas ucranianos piden al presidente que destituya a su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak.

Ni Zelenskyy ni Yermak han sido acusados ​​de irregularidades por los investigadores. Sin embargo, dado que se cree ampliamente que Yermak decide nombramientos clave en el gobierno y tiene influencia en los asuntos políticos más importantes, los legisladores consideran que debería asumir la responsabilidad como una forma de ayudar a restaurar la confianza pública.

El partido Servidor del Pueblo, liderado por Zelenskyy, obtuvo más de dos tercios de los escaños parlamentarios en 2019. Sin embargo, algunos políticos advierten que una escisión en el partido o una serie de deserciones podrían llevar a Zelenskyy a perder su mayoría parlamentaria si no se separa de Yermak.

Muchos aliados políticos de Zelenskyy sienten que algo debe cambiar, aunque no hayan expresado públicamente sus preocupaciones, afirmó Mykola Davidiuk, analista político independiente. Una de las principales críticas al gobierno de Zelenskyy es la excesiva concentración de poder en manos de Yermak y sus asesores, explicó Davidiuk.

“El estilo de gestión de Zelenskyy no está funcionando”, dijo.

La forma en que Zelenskyy responda al escándalo de corrupción podría determinar si las consecuencias dañan la posición de Ucrania ante sus aliados, dijo Davidiuk.

El poder de Zelenskyy no corre peligro inminente.

La invasión rusa desencadenó la ley marcial en Ucrania, posponiendo indefinidamente las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Así pues, aunque el control de Zelenskyy sobre el parlamento se debilite y su popularidad se desplome, es muy improbable que sea destituido mientras la guerra siga en curso, a menos que renuncie voluntariamente.

El mandato presidencial en Ucrania suele ser de cinco años y, antes de la guerra, las próximas elecciones estaban previstas para la primavera de 2024.

La creciente oposición política a la que se enfrenta Zelenskyy podría dificultar la aprobación parlamentaria de cualquier posible acuerdo de paz que se esté negociando con Rusia. Además, si buscara la reelección tras la guerra, sus posibilidades podrían verse perjudicadas si Yermak sigue en el poder, según analistas políticos.

Un antiguo general es visto como un rival, pero niega tener aspiraciones políticas.

Ninguna figura electa de la oposición ucraniana representa una amenaza real para Zelensky. El expresidente ucraniano y actual diputado opositor, Petro Poroshenko, no ha logrado ampliar su apoyo más allá de su reducido núcleo de seguidores leales. Sus intentos de convocar una moción de censura contra el gobierno de Ucrania también fracasaron, al obtener menos de la mitad de los 150 votos necesarios.

Un posible rival podría ser el ex jefe del ejército ucraniano, Valerii Zaluzhnyi, quien supervisó varias contraofensivas exitosas en el primer año de la guerra y fue destituido por el presidente ucraniano a finales de 2023.

Zaluzhnyi ahora se desempeña como embajador de Ucrania en el Reino Unido.

Zaluzhnyi niega cualquier intención de entrar en política, pero las encuestas en Ucrania lo muestran como un rival teóricamente competitivo para Zelenskyy, lo que mantiene viva la especulación de que podría ser convencido para presentarse a las próximas elecciones.

Estados Unidos y Rusia diseñan un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

Estados Unidos y Rusia han elaborado un plan destinado a poner fin a la guerra en Ucrania que exige importantes concesiones por parte de Kiev, según un borrador obtenido por The Associated Press, incluyendo la aceptación de algunas demandas que el Kremlin ha planteado repetidamente desde su invasión a principios de 2022.

El plan exige que Ucrania ceda territorio a Rusia y que Kiev limite el tamaño de sus fuerzas armadas.

Como parte de la propuesta, Rusia obtendría el control efectivo de toda la región oriental de Donbás —un área que Moscú ha ambicionado durante mucho tiempo— a pesar de que Ucrania todavía controla parte de ella.

Zelenskyy ya había rechazado las mismas condiciones, calificándolas de inconstitucionales e injustas. Su oficina declaró el jueves que había recibido oficialmente el plan, pero no hizo comentarios sobre su contenido.

Las noticias sobre el plan surgieron justo cuando Zelenskyy se enfrentaba a un creciente descontento por el escándalo de corrupción. «El momento es muy perjudicial para Ucrania», afirmó Orysia Lutsevych, experta en Ucrania de Chatham House.

“Zelenskyy es vulnerable. Tanto Estados Unidos como Rusia vieron el escándalo interno y decidieron presionarlo aún más para que cediera ante el plan ruso”, declaró Lutsevych. Sin embargo, añadió que la estrategia podría no dar el resultado esperado, señalando que los aliados europeos están defendiendo a Ucrania y manifestándose en contra del plan.

Presión en el frente y en todo el país

En este contexto, el ejército ruso, mejor equipado, ha intensificado los ataques a lo largo de la línea del frente y contra las instalaciones energéticas en la retaguardia, lo que supone una mayor presión sobre Ucrania.

El ejército ruso continúa su avance constante en múltiples zonas. En la región nororiental de Járkov, las fuerzas rusas presionan las ciudades de Kupiansk y Lyman, que Ucrania recuperó de Rusia durante el primer año de la guerra. Sin embargo, los combates más encarnizados se libran en torno a la asediada ciudad ucraniana de Pokrovsk , un importante centro logístico en la región oriental de Donetsk.

Los ataques rusos contra las centrales eléctricas de Ucrania en noviembre han provocado algunos de los peores cortes de electricidad desde que comenzó la guerra.

(Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)

Por  ISOBEL KOSHIW

Un juez federal dijo el miércoles que planea avanzar rápidamente en una investigación por desacato contra la administración Trump por no haber impedido el paso de aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador en marzo.

El juez federal de distrito James Boasberg, en Washington, declaró que un fallo emitido el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia le otorga la autoridad para proceder con la investigación, la cual determinará si existen pruebas suficientes para remitir el caso a la fiscalía. Solicitó a los abogados que, antes del lunes, identifiquen a los testigos y presenten planes sobre cómo llevar a cabo la investigación, e indicó que le gustaría iniciar las audiencias el 1 de diciembre.

El juez ya había advertido que podría solicitar el procesamiento de funcionarios de la administración.

El 15 de marzo, Boasberg ordenó que la aeronave que transportaba a los presuntos pandilleros regresara a Estados Unidos, pero en cambio aterrizaron en El Salvador, donde los migrantes fueron retenidos en una prisión tristemente célebre.

«Estoy autorizado a proceder tal como tenía previsto hacerlo en abril, hace siete meses», declaró el juez durante una audiencia el miércoles. Añadió posteriormente: «Desde luego, tengo la intención de averiguar qué sucedió aquel día».

Boasberg afirmó que la mejor manera de llevar a cabo la investigación por desacato era mediante el testimonio de testigos bajo juramento, pero también sugirió que el gobierno podría presentar declaraciones escritas para explicar quién dio las órdenes de desobedecer su fallo. Propuso un testigo: un exabogado del Departamento de Justicia de EE. UU. que presentó una denuncia como informante, en la que afirma que un alto funcionario del departamento sugirió que la administración Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados ​​de pertenecer a pandillas.

La administración Trump ha negado cualquier violación, afirmando que la orden del juez de devolver los aviones se dio verbalmente en la corte, pero no se incluyó en su orden escrita. El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, le comunicó a Boasberg que el gobierno se oponía a continuar con el procedimiento por desacato.

Boasberg había determinado previamente que existían indicios suficientes para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal . El fallo representó una batalla crucial entre los poderes judicial y ejecutivo, pero un panel dividido de tres jueces de la corte de apelaciones posteriormente falló a favor del gobierno y anuló la decisión. Los dos jueces que conformaron la mayoría fueron designados por el presidente Donald Trump.

El viernes, un panel más amplio de jueces del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que la decisión anterior de sus colegas no impedía que Boasberg prosiguiera con la investigación por desacato. La declaración de desacato de Boasberg fue una “respuesta mesurada y esencial”, escribieron los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilkins y Bradley Garcia.

“La obediencia a las órdenes judiciales es vital para que el poder judicial pueda cumplir con su función constitucionalmente asignada”, escribieron. “Las órdenes judiciales no son sugerencias; son mandatos vinculantes que el Poder Ejecutivo, al igual que cualquier otra parte, debe acatar”.

El gobierno de Trump invocó una ley de guerra del siglo XVIII para enviar a los migrantes, a quienes acusó de pertenecer a una banda venezolana, a una megaprisión en El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT). Argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En junio, Boasberg dictaminó que la administración Trump debía dar a algunos de los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones, argumentando que no habían podido impugnar formalmente las expulsiones ni las acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua.

El juez escribió que habían surgido “pruebas significativas” que indicaban que muchos de los migrantes no estaban conectados con la banda “y, por lo tanto, languidecían en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas”.

Más de 200 migrantes fueron posteriormente liberados y devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

Sus abogados quieren que Boasberg emita otra orden que obligue a la administración a explicar cómo dará al menos a 137 de los hombres la oportunidad de impugnar su designación como pandilla en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Los hombres están en peligro en Venezuela y temen hablar con abogados, quienes han podido contactar a unos 30 de ellos, pero “abrumadoramente” quieren seguir adelante con sus casos, dijo el miércoles Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Davis dijo que podría ser difícil volver a detener a los hombres dadas las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Boasberg no se pronunció de inmediato sobre el asunto.

Por  SUDHIN THANAWALA

(Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

SAO PAULO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva nombró el jueves a Jorge Messias para la Corte Suprema del país.

Messias, actual Procurador General de Brasil, es el tercer nominado de Lula al Tribunal Supremo durante este mandato.

El nombramiento pasa ahora al Senado para su votación. De ser confirmado, Messias ocupará el puesto vacante dejado por el exmagistrado Luís Roberto Barroso, quien se jubiló en octubre, ocho años antes de su jubilación obligatoria.

“Hago esta recomendación con la confianza de que Messias continuará cumpliendo su papel de defensa de la Constitución y del Estado de Derecho en la Corte Suprema, como lo ha hecho a lo largo de su vida pública”, dijo Lula en Instagram.

Messias, de 45 años, trabajó en varias ramas del gobierno federal antes de ser nombrado procurador general en 2023. Es conocido por ser un aliado leal de Lula y de la expresidenta Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011 y posteriormente fue destituida en un proceso de juicio político en 2016.

El juez André Mendonça, designado por el expresidente Jair Bolsonaro en 2021, felicitó la nominación de Messias.

“Es un candidato idóneo de la Procuraduría General y cumple con los requisitos constitucionales. Asimismo, felicito al presidente por su elección. Messias contará con todo mi apoyo en un diálogo republicano con los senadores”, declaró Mendonça.

El Tribunal Supremo de Brasil, integrado por 11 miembros, ha estado bajo una fuerte presión desde 2023, el mismo año en que los partidarios de Bolsonaro destrozaron su edificio en la capital, Brasilia, el 8 de enero.

El líder de extrema derecha fue poco después investigado y luego enjuiciado. En septiembre, con Barroso como presidente del Tribunal Supremo, un panel de la Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para derrocarlo, lo que incluyó los disturbios dentro del edificio del tribunal.

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Por  Associated Press

(Foto AP/Eraldo Peres)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de un hombre que, según afirman, participó en la planificación y la orden del asesinato de un alcalde popular a principios de este mes en el estado occidental de Michoacán.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa que los investigadores encontraron al sospechoso a través de mensajes hallados en los celulares de dos hombres que fueron asesinados días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que la célula criminal que dirigía estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el sospechoso, identificado solo como Jorge Armando N. en cumplimiento de las normas mexicanas de privacidad, fue arrestado el martes por la tarde.

Manzo fue asesinado a tiros la noche del 1 de noviembre, frente a decenas de personas reunidas para las festividades del Día de Muertos. El joven pistolero murió poco después del ataque.

García Harfuch declaró el miércoles que el sospechoso era uno de los líderes de una célula de una organización criminal . Los cuerpos de dos hombres que presuntamente habían tenido contacto con el tirador antes del asesinato fueron hallados a la vera de una carretera el 10 de noviembre, y sus teléfonos celulares fueron encontrados al día siguiente, añadió. El análisis de dichos teléfonos reveló mensajes sobre la planificación del ataque.

El asesinato del popular alcalde intensificó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que ajustara su estrategia de seguridad. Días después, anunció el Plan Michoacán , que, si bien contemplaba un elevado gasto en programas sociales, también incluía el despliegue de 10.000 soldados por todo el estado para controlar a las diversas organizaciones criminales que operaban allí.

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(Foto AP/Eduardo Verdugo)