La segunda vuelta electoral del domingo permitirá a los peruanos elegir a su noveno presidente en tan solo 10 años: o bien la hija conservadora de un expresidente caído en desgracia o un congresista nacionalista.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez vencieron a otros 33 candidatos en las primarias de abril con la promesa de acabar con el aumento de la delincuencia, la principal prioridad para los peruanos que han visto duplicarse las tasas de homicidio y dispararse los casos de extorsión en esta década. Aun así, cada uno recibió menos del 20% de los votos.
Se prevé que los resultados del domingo sean ajustados, y el resultado final podría tardar días en conocerse. Las autoridades electorales tardaron más de un mes en declarar oficialmente a Fujimori —hija del fallecido y condenado expresidente Alberto Fujimori— y a Sánchez —aliado del encarcelado expresidente Pedro Castillo— como ganadores de las elecciones del 12 de abril.
Esto es lo que debes saber sobre las elecciones.
Votar es obligatorio
El voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. Hay más de 27 millones de personas inscritas, y se espera que alrededor de 1,2 millones voten desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.
Muchos de ellos han indicado que aún no han tomado una decisión.
“Hay un gran grupo de votantes indecisos… Creo que ahí es donde los votos negativos impulsados por las emociones librarán la batalla final”, dijo el analista político Iván García.
La delincuencia es un problema grave.
La principal preocupación de los peruanos es el aumento de la delincuencia, en particular la extorsión, que ha provocado frecuentes protestas. Una encuesta nacional realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Estado reveló que el 84% de los encuestados en zonas urbanas temía ser víctima de un delito en los siguientes 12 meses.
Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado en Perú a las ganancias que grupos criminales con décadas de experiencia obtienen de la minería ilegal de oro en los Andes y la Amazonía. En 2025, Perú exportó 100 toneladas de oro extraído ilegalmente, una cifra casi igual a sus exportaciones de oro extraído legalmente.
En los últimos cinco años, las denuncias por extorsión en todo el país se quintuplicaron, alcanzando los 28.948 casos el año pasado, mientras que los asesinatos se duplicaron, llegando a 2.226 en 2025, según datos oficiales.
El Ministerio de Economía estimó en julio que la delincuencia le cuesta a los peruanos unos 5.000 millones de dólares anuales. Esta cifra incluye la inversión estatal para financiar las operaciones policiales, pero también el gasto privado en cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.
Sin embargo, la economía peruana ha resistido tanto la delincuencia como la inestabilidad política derivada de la sucesión de presidentes, tres de los cuales se sucedieron tan solo desde octubre . Gracias a su posición como segundo mayor productor mundial de cobre, el país registró un crecimiento superior al 3 % en 2024 y 2025.
Fujimori y Sánchez presentan sus propuestas a los votantes.
Fujimori, de 51 años, está en su cuarto intento por convertirse en presidenta.
Durante toda la campaña, prometió combatir la delincuencia con mano dura. Entre sus propuestas se incluyen la implementación de tecnología para rastrear extorsiones, la militarización de las fronteras y el aumento de la presencia policial y militar en zonas de alto riesgo. También ha declarado que los presos deberán trabajar y «retribuir a la sociedad».
En el único debate previo a la segunda vuelta, Fujimori defendió al gobierno de su padre y prometió acabar con la delincuencia tal como él derrotó al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Les dijo a los votantes que, si ganaba, verían "pollo más barato, bombonas de gas asequibles, fertilizantes a precios razonables para sus cultivos" y "regresarían a casa sanos y salvos".
Sin embargo, en las últimas semanas, Fujimori también ha intentado suavizar su imagen de mano dura contra el crimen con gestos amistosos hacia antiguos adversarios políticos, como el expresidente Pedro Kuczynski, quien la derrotó en las elecciones de 2016.
Kuczynski dimitió en 2018 en medio de las peticiones de su destitución, impulsadas por el partido de Fujimori, que posteriormente se disculpó con él por haber generado inestabilidad.
“Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores, y he aprendido de ellos”, dijo Fujimori durante el debate.
Mientras tanto, Sánchez, exministro, ha tratado de calmar la preocupación que su candidatura está generando entre los inversionistas, afirmando que no nacionalizará ningún activo de las empresas transnacionales que extraen minerales o gas del Perú.
También se ha comprometido a combatir la corrupción dentro de la policía y a promover reformas que permitan a las fuerzas armadas apoyar los esfuerzos de seguridad.
Durante el debate, Sánchez, que goza de popularidad entre los votantes rurales, afirmó estar abierto a "todas las opciones para generar empleo y progreso", pero también hizo hincapié en su apoyo a las inversiones chinas.
Según declaró a la agencia Associated Press, intentará renegociar los contratos mineros, incluido el de Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, controlada por la empresa estatal china Minmetals.
El hombre de 57 años, que lleva un sombrero campesino de ala ancha que le regaló Castillo, también se ha distanciado de su aliado ultranacionalista Antauro Humala, un ex oficial militar y hermano del expresidente encarcelado Ollanta Humala, que propone aplicar la pena de muerte en casos de corrupción.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el espantoso asesinato de Chiara Páez, una niña embarazada de 14 años, a manos de su novio de 16 años, desencadenó protestas masivas en Argentina que se convirtieron en un movimiento generacional en toda América Latina bajo el lema de " Ni Una Menos ".
Ahora, 11 años después de que la primera protesta de Ni Una Menos creara una conciencia colectiva sobre lo que se conocería como feminicidio —el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género—, la nación vuelve a convulsionar de ira.
Esta vez, la atención se centra en el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba. La noche del 23 de mayo, llegó a casa de unos amigos de la familia con la intención de recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los primeros resultados de la autopsia, cuyo cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina.
Sus restos fueron encontrados en una zanja de drenaje el sábado, una semana después de su desaparición, mientras que las vigilias en su provincia natal derivaron en enfrentamientos con la policía.
La indignación se ha extendido por todo el país, y el miércoles, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Buenos Aires para la manifestación anual de Ni Una Menos. Muchos portaban carteles con los rostros y nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas en los últimos años, entre ellas Agostina. Su caso revitalizó la protesta, intensificando las demandas de acción gubernamental y las críticas al presidente Javier Milei .
El aliado libertario del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado al movimiento feminista de "lucha ridícula y antinatural", ha promovido la eliminación del feminicidio del código penal y ha recortado la financiación de programas de apoyo a las víctimas de la violencia de género como parte de su guerra cultural y su campaña de recorte de gastos .
Este año, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, una destacada organización argentina de derechos humanos, han contabilizado 63 feminicidios registrados legalmente. Sin embargo, tanto ellos como otros activistas afirman que lograr dicha clasificación puede ser una ardua batalla contra el gobierno. Algunos han recopilado una lista con más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están debidamente identificadas.
Según estadísticas publicadas por la Corte Suprema, los informes de feminicidio en Argentina disminuyeron un 12%, llegando a 200 casos el año pasado en comparación con 2024. Los abogados de las víctimas afirman que este cambio no refleja una disminución de la violencia de género, sino más bien una clasificación deficiente de los delitos.
“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre, negar la existencia de la violencia de género, es un intento de retroceder los últimos 20 años”, afirmó Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano por la Justicia y el Género, una organización de derechos humanos con sede en Buenos Aires. “Espero que esta reacción generada por el caso de Agostina, lo que demostramos en las calles, sea suficiente para contrarrestar el deseo de retroceder”.
El manejo del caso de Agostina, de 14 años, está plagado de interrogantes.
Tras la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las fuerzas del orden locales, prendiendo fuego a neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia denunció su desaparición la mañana siguiente, pero transcurrieron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia vibraran con la alerta de secuestro de menores, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.
Al día siguiente de su muerte, un taxista denunció que había llevado a Agostina a la casa del amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, lo cual fue confirmado por las imágenes de las cámaras de seguridad.
La familia de Agostina se quejó de que las fuerzas de seguridad estaban desbordadas por la preocupación ante la posibilidad de violencia entre los hinchas durante un importante partido de fútbol en la ciudad de Córdoba ese día. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina.
Barrelier se encuentra bajo custodia como principal sospechoso del caso y niega haber asesinado a Agostina. Los investigadores afirman que sus antecedentes penales muestran que fue arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue puesto en libertad bajo fianza de 3.500 dólares tras 20 días.
Ante las acusaciones de dilación, el fiscal principal, Raúl Garzón, declaró la semana pasada que las autoridades "no están haciendo autocrítica alguna".
Aumentaron las peticiones para que el asesinato de Agostina se calificara como un feminicidio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.
“Un homicidio, cualquiera que sea su naturaleza, no se define únicamente por lo que sucede durante una, dos o tres horas, es decir, en qué momento se comete el acto”, declaró Monteoliva a los periodistas el lunes, en sus únicas declaraciones públicas sobre el caso.
Los defensores insisten en que el uso del término feminicidio —que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una sentencia obligatoria de cadena perpetua en Argentina— es crucial para un enjuiciamiento eficaz y la protección de las víctimas.
“Si no nombramos la forma específica de violencia, si no la reconocemos, entonces no podemos comprender el problema en todas sus dimensiones, y no podemos crear políticas para prevenirla y combatirla”, dijo Lucila Galkin, directora del programa de género y diversidad de la filial argentina de Amnistía Internacional.
Milei ha librado su guerra cultural contra las políticas sobre género.
Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas basadas en el género, lo que él considera una peligrosa consecuencia del socialismo.
Después de que Milei arremetiera contra el delito de feminicidio, calificándolo de "legalmente para que la vida de una mujer valga más que la de un hombre" en la cumbre de Davos del año pasado , su ministro de Justicia anunció planes para eliminar esa categoría del código legal.
Aquello no tuvo consecuencias, pero su gobierno ahora está trabajando para endurecer las penas para las mujeres que denuncian falsamente casos de violencia de género. La medida está pendiente de debate en el Congreso.
En los últimos dos años y medio, Milei ha disuelto el Ministerio de la Mujer de Argentina, clausurado su instituto contra la discriminación, desmantelado los programas de apoyo a las víctimas de violencia de género, prohibido el uso de lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y recortado la financiación de la formación en temas de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.
Entre los programas afectados se encuentra Acompañar, que antes de su desfinanciamiento brindaba asistencia a 350.000 mujeres con ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo. Una línea telefónica de atención las 24 horas para víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. Un programa gubernamental que ofrecía asistencia legal gratuita a personas que sufrían violencia doméstica o abuso sexual también fue desmantelado.
Con el último caso, la protesta anual ha cobrado mayor urgencia.
El miércoles, los manifestantes se congregaron en la Plaza Congreso, frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho cada año desde la muerte de Chiara Páez en 2015.
Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta callejera en casi una década. Pero la conmoción por los casos recientes la impulsó a llevar a su hija de 17 años, Milena.
“Lucho por mí misma, por mi hermana de 11 años y por todas las mujeres que conozco”, dijo la joven, apretando la mano de su madre.
María Cacharo, de 54 años, dijo que vino con su hija de 18 años en honor a su hermana, asesinada por su esposo hace varios años.
“Cuando se reducen los recursos, de alguna manera somos nosotras las que tenemos que pagar las consecuencias”, dijo refiriéndose al impacto de los recortes presupuestarios de Milei en las mujeres, y añadió que la forma en que la policía manejó el caso de Agostina le repugna.
Portando pancartas con el lema "Justicia para Agostina", su familia encabezó una marcha en Córdoba el miércoles para exigir que se rindan cuentas por su asesinato, bajo la bandera del movimiento que en su día convirtió a Argentina en un referente regional de la acción social y jurídica en materia de igualdad de género.
“Creo que este feminicidio, que causó tanto dolor y tanta conmoción, también nos movilizó y nos recordó que este es un problema que concierne a toda la sociedad”, dijo Galkin sobre el caso de Agostina.
“Nos están obligando a hablar de temas en los que creíamos haber llegado a un acuerdo, un tema que dábamos por zanjado.”
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Las autoridades de La Paz, la ciudad más afectada por los bloqueos de carreteras que alcanzan un mes en Bolivia, declararon el martes la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a que las protestas están generando escasez de suministros médicos.
Incluso, los hospitales decidieron priorizar las cirugías de emergencia debido al escaso oxígeno medicinal con el que cuentan en La Paz, la cual está aislada por los cortes producto de las protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Gobernación de La Paz resolvió decretar la emergencia con el objetivo de priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agregó que se reprogramarán entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.
La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró a The Associated Press que gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.
Carlos Céspedes, de 42 años, dijo el martes a la AP que al menos tuvo la suerte de que se le practicara recién su cirugía, aunque aseguró que debió esperar casi una semana. Él se recuperaba en el Hospital General Público, en el centro de La Paz.
Aseguró que varios pacientes no pudieron llegar hasta ese centro por los cortes de ruta. “Yo era el 268 la primera vez, pero (después) en la fila conté solo ciento y algo”, agregó.
Las ciudades de La Paz y su vecina ciudad de El Alto son las que pasan por la situación más complicada ya que llevan más de 30 días aisladas del resto del país debio a las protestas y bloqueos. Además, enfrentan un desabastecimiento de alimentos y combustible.
El gobierno reportó el lunes otro fallecido por falta de atención médica por los bloqueos. La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.
Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras. Los departamentos de La Paz y Cochabamba —al centro— son los más afectados.
La protesta ha polarizado al país entre los que piden una pronta solución del conflicto y los que realizan las protestas, que se han convertido en una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) luego de unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.
Los empresarios estiman las pérdidas como consencuencia de las protestas en cerca de 2.000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que heredó Paz.
En la región de Santa Cruz —el motor productivo de Bolivia— los manifestantes dieron el paso a varios camiones con oxígeno, combustible y alimentos por dos horas, dijo a radio Panamericana el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.
Mientras la solución al conflicto se hace esperar, crecen los pedidos del sector productivo, comerciantes, camioneros varados que exigen una pronta solución.
“El gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”, señaló el martes el expresidente Jorge Quiroga. Emplazó al gobierno a aplicar sus prerrogativas constitucionales luego que el Legislativo le abrió la posibilidad que llame a un estado de excepción.
Los sindicatos movilizados acordaron el martes en una concentración continuar con las medidas de presión y rechazar el diálogo. Dirigentes afines a Morales que participaron en el encuentro afirmaron que el conflicto sólo se resolverá con la dimisión de Paz. Entre tanto, el gobierno insistió en acusar a Morales de promover el conflicto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.
Ederson Galicia Alva, de 11 años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos con luz tenue del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla. Otra vez.
El pánico lo invadió. La emoción por volver pronto al recreo con sus compañeros de clase en Florida se desvaneció. ¿El gobierno se la llevaría otra vez?
No era su primer trauma. En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México dentro de la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental. Por fin se reunieron después de que intervinieran abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya.
Más tarde se reunió con su madre en Guatemala. Tras 11 meses de miseria y tormento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado de forma ilegal.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detuvieran oficialmente en medio de la indignación mundial, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos.
Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria; otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados de sus familias una vez más. En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que legalmente no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
“El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante Trump I, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y principal representante legal en la demanda que puso fin a la política en un principio. “Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”.
Trump se postuló con éxito para la reelección con una campaña antiinmigración. En su segundo mandato, el gobierno ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año. Agentes federales han estado sacando a la gente de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Esta vez, las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron apartados de sus padres, quienes fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados penalmente de ingreso ilegal. Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se guardaba en sistemas informáticos distintos. Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva. Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031.
Hoy, si los padres son arrestados o deportados dentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, declaró la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a solicitudes de comentarios de AP sobre la política del gobierno sobre familias separadas.
Abogados del gobierno han sostenido en comparecencias judiciales recientes que no existen restricciones legales sobre “la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”. Bis añadió que hacer cumplir la ley migratoria “no era opcional” y que “cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto.
Separados en la frontera y luego otra vez en Florida
Después de que lo apartaran de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y lo confinaran en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño durante cuatro meses y medio, Ederson apenas la reconoció cuando se reunieron, contó ella. Pesadillas vívidas lo acosaron durante toda la primaria, donde aprendió a leer en inglés en aulas rodeadas de verdes pastos y palmeras a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Mar-a-Lago, la Casa Blanca de invierno de Trump.
Una vez que un juez federal aprobó un acuerdo en la demanda colectiva bajo el gobierno de Biden, la familia de Ederson y otras como la suya obtuvieron estatus legal para permanecer en Estados Unidos, con vías hacia la residencia y el asilo, y su madre consiguió un permiso de trabajo. Y después de meses de servicios de salud mental para abordar su miedo persistente de que su madre nunca regresara, a inicios de junio del año pasado —unos cinco meses después del inicio del segundo gobierno de Trump y de la nueva iniciativa antiinmigración del presidente— su terapeuta por fin dijo que había avanzado tanto que podía pausar sus sesiones semanales.
Dos semanas después, agentes federales detuvieron a Alva López cuando ella y sus compañeros de trabajo se dirigían a un empleo de jardinería cerca de Mar-a-Lago. Los agentes, con uniformes marrones, nunca dieron una razón para la detención ni se identificaron antes de trasladar a Alva López a dos cárceles de Florida, luego a custodia del ICE en Luisiana y, finalmente, a un avión lleno de deportados encadenados rumbo a Ciudad de Guatemala, explicó la mujer.
“Sentí lo mismo que yo pasé la primera vez”, dijo Alva López entre lágrimas. “Todo lo estaba viviendo otra vez”.
Alva López estuvo separada de Ederson y de su hija mayor, Briseidy, durante una semana, y no se le dio la oportunidad de hablar con un funcionario de inmigración sobre su estatus o sus protecciones legales, indicó Kelly Kribs, abogada del Young Center for Immigrant Children’s Rights, que ha apoyado el regreso de la familia de Alva López a Estados Unidos.
Cuando por fin logró llamar a Ederson y Briseidy, no podían dejar de sollozar. Alva López contó que le pidió a su hermana que comprara pasajes de avión para enviarlos a Ciudad de Guatemala. Se encontró con ellos al día siguiente en el aeropuerto y viajó con ellos nueve horas más por carreteras y caminos llenos de baches para llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en las tierras altas donde nacieron los niños.
Los tres compartieron un dormitorio diminuto con piso polvoriento con los padres y el hermano de Alva López en una casa de adobe con techo de lámina, nada que ver con las tranquilas calles arboladas del sur de Florida. La escuela, donde todas las clases son en español, quedaba a una caminata de más de un kilómetro (una milla), y ninguno de los niños del pueblo hablaba inglés, dijo Ederson.
En lugar de fichar para recortar los jardines de las propiedades de West Palm Beach, cada día Alva López alimentaba a las gallinas y patos en un pequeño corral detrás de la casa, lavaba la ropa de la familia a mano y cocinaba en un fuego abierto.
Y Ederson volvió a despertarse por las noches temiendo por su futuro. En la escuela primaria Northmore, le iba bien en quinto grado. En Guatemala repitió cuarto grado, esta vez en español, y le tomaban exámenes sobre la historia y la cultura de un país que apenas conocía. Sus amistades no eran tan cercanas como en West Palm Beach. A veces, cuando se sentía triste, veía los viejos videos en línea de la escuela para ver a sus antiguos amigos.
“Jugábamos y platicábamos. Algunas veces ellos me ayudan cuando no entiendo lo que dice la seño en la clase, yo a veces les ayudo en matemáticas”, explicó.
“Aquí tengo pocos amigos, tengo como dos”, dijo llorando
Ederson todavía no quiere hablar de las separaciones, y no deja de preguntarle a su madre por qué fue a trabajar ese día. Pero tiene clara una cosa: nunca quiere volver a estar separado de su madre.
“Daño duradero y desgarrador”
A finales de 2017, funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y ahora subjefe de despacho de la Casa Blanca. Después de que los abogados defensores se enteraran, la ACLU presentó una demanda en febrero de 2018 para detener la práctica, llamada Ms. L v. U.S. Customs and Immigration Enforcement, en nombre de una madre congoleña a la que el gobierno de Trump separó de su hija de 7 años durante cuatro meses. Más tarde se convirtió en una demanda colectiva.
No fue sino hasta que miles de familias fueron desgarradas que un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, al afirmar que causaban un “daño duradero y desgarrador”. Según el recuento más reciente de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y de familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se había informado previamente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, quizá nunca se conozca el alcance total. La ACLU también proporcionó a AP nueva información sobre miembros del grupo Ms. L que han sido detenidos y deportados durante el segundo gobierno de Trump, como que decenas de niños fueron separados de nuevo. Documentos legales del caso Ms. L y otros abogados de inmigración que trabajan con familias separadas también detallaron las nuevas separaciones de niños.
Bajo un acuerdo de conciliación de 2023 firmado por el gobierno de Biden, los miembros del grupo Ms. L —incluidos padres separados, niños y otros familiares cercanos— recibieron protecciones legales especiales, vías hacia el asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo. Y durante más de ocho años, defensores y abogados han intentado ayudar a las familias a reunirse y recuperarse, viajando a la selva de Guatemala y a aldeas remotas de Honduras para informar a los miembros del grupo sobre sus derechos, y ofreciéndoles solicitar desde permisos temporales humanitarios hasta permisos de autorización de trabajo y asesoramiento psicológico, beneficios destinados “a prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
Eso cambió cuando Trump inició su segundo mandato. El apoyo a las familias separadas nunca quedó plasmado en una ley del Congreso, y pronto empezó a reducirse.
Primero, el financiamiento para servicios legales terminó temporalmente. En su lugar, el gobierno de Trump dijo que cobraría a las familias 1.000 dólares a cada una para entrar o permanecer en el país. Luego, según abogados, a algunos padres se les indicó presentarse a controles más frecuentes con el ICE y se les ordenó usar grilletes electrónicos para registrar sus movimientos. Muchos miembros del grupo perdieron acceso a terapia.
Para finales del año pasado, correos electrónicos muestran que el gobierno había deportado a algunos familiares protegidos incluso después de que la ACLU le informara que no podían ser expulsados por ser miembros protegidos del grupo Ms. L.
Siete días antes de Navidad, la abogada de la ACLU Natalie Behr escribió un correo electrónico urgente a contactos del Departamento de Justicia, diciendo que su equipo había sabido que un familiar protegido volvía a estar detenido por el ICE.
“Pedimos que nos digan por qué no se nos notificó la detención de este miembro del grupo en un plazo de 24 horas”, escribió Behr. “Este miembro del grupo no debe ser expulsado”.
Un abogado del Departamento de Justicia en Washington respondió por correo electrónico que preguntaría al ICE. Los abogados de la ACLU insistieron.
Para el día después de Navidad, ya era demasiado tarde. Había sido deportado.
El problema sigue apareciendo. Aunque el gobierno está obligado por órdenes judiciales a informar de inmediato a la ACLU cuando miembros del grupo Ms. L son detenidos y a devolver a las familias separadas de nuevo que hayan sido deportadas, el gobierno de Trump no reveló hasta abril que había deportado a otra persona protegida a Guatemala en septiembre, según muestran documentos judiciales.
Algo similar casi le ocurre a uno de los vecinos de Alva López, quien fue detenido en West Palm Beach unos meses después de que ella fuera deportada. El padre también había hecho trabajos de jardinería cerca de Mar-a-Lago y había sido separado de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México en 2017. Durante el primer gobierno de Trump, fue devuelto rápidamente a Guatemala. Mientras abogados de la ACLU y del gobierno discutían qué se les debía a las familias separadas, él regresó a Florida en 2021 para reunirse con sus hijos, uno de los cuales había sido liberado tras pasar meses en un centro de detención gubernamental.
En octubre, el gobierno lo encarceló, primero en el recinto conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, un centro de detención migratoria en los Everglades de Florida, y luego dentro de Camp East Montana en Texas, dijo Kribs.
En Camp East Montana le dieron comida con moho y gusanos, los guardias lo insultaban y se enteró de que un compañero detenido murió tras ser maltratado por funcionarios del ICE, según relató bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. El ICE dijo que el detenido murió tras sufrir “una emergencia médica en el lugar”, y la oficina del forense de El Paso determinó después que el fallecido había sufrido “asfixia debido a compresión del cuello y el torso”. Pasaron Navidad y la víspera de Año Nuevo, y para enero le resultaba difícil mantener la esperanza cuando llamaban sus hijos.
La ACLU presentó una moción sobre padres del grupo Ms. L detenidos, y el padre fue liberado de la detención gubernamental en abril. Aunque está agradecido de estar de vuelta en Florida con sus hijos, dijo a AP que siente que todavía lo rastrean mediante el grillete electrónico y los controles con el ICE que debe cumplir cada dos semanas. Sus hijos aún temen que él no esté cuando vuelven de la escuela, afirmó.
Bis dijo que el DHS puede imponer condiciones a la libertad condicional, incluido el monitoreo electrónico, requisitos de reporte regular e incluso la detención.
“Un lugar donde todos podamos estar a salvo”
Sinri Baltazar, una madre hondureña que fue separada por primera vez de su hija —entonces de 5 años— en 2018, también pudo regresar a Luisiana con sus tres hijos en abril por orden de un juez. Su hijo pequeño es ciudadano de Estados Unidos.
No ha sido fácil. Baltazar, integrante de la comunidad garífuna afroindígena que enfrenta discriminación en Honduras, fue deportada con sus hijos el año pasado después de que, según dijo, funcionarios de inmigración le indicaran que firmara un documento que, afirmaron, le permitiría mantener unida a su familia, pero sólo si todos se iban. Ya de vuelta en Nueva Orleans, dijo que estaba agradecida de que sus hijos pudieran buscar una vida mejor, pero han tenido dificultades para salir adelante mientras viven con una conocida de la iglesia.
“Lo único que dicen mis hijos es que quieren estar en casa, en su propia casa”, expresó Baltazar. “Sólo trato de llevarnos a un lugar donde todos podamos estar a salvo, y deseo eso para todas las demás familias”.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, abogados dicen que las familias separadas han tenido cada vez más miedo de cumplimentar formularios del gobierno y muchas no saben que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que vence en diciembre. El gobierno tampoco ha dicho si extenderá un contrato vigente, recortado, de servicios legales para familias que termina en agosto. También se acerca otro plazo: miles de familias separadas deben solicitar que se cancelen órdenes de expulsión pendientes antes de diciembre, o perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Nunca hubo suficiente financiamiento para estar a la altura de la necesidad”, señaló Anilú Chadwick, abogada y directora sénior de la organización legal sin fines de lucro Together & Free, que, según dijo, ha apoyado a 15 familias que han sido separadas de nuevo, incluida la de Baltazar. “Ahora tenemos que ver si el gobierno adjudica un nuevo contrato, y debo decir, como alguien que ha trabajado contrarreloj para encontrar y ubicar servicios, que no hay tiempo suficiente, ni siquiera en las mejores circunstancias”.
Sin embargo, para las familias separadas que esperan que sus seres queridos sean liberados de la detención, o que llegue el papeleo para regresar a Estados Unidos, el tiempo ha avanzado a paso glacial.
Desde que Alva López fue deportada a Guatemala hace casi un año, revisaba su teléfono cada mañana esperando noticias de cuándo podrían regresar ella y sus hijos. El dinero empezó a escasear. Los niños comenzaron a olvidar su jerga en inglés. Briseidy, ahora de 14 años, temía distanciarse de sus amigos estadounidenses. Por fin, hace dos semanas, llegó la noticia: el gobierno les llevaría a ella y a sus hijos de regreso a Florida en un vuelo de American Airlines, por orden de un juez.
Los cachorros que le había comprado a Ederson para animarlo habían muerto, y había pocos amigos y familiares para despedirse. Así que reunió a los hermanos y sus pocas pertenencias; la ropa les quedaba holgada tras haber bajado de peso desde que regresaron a Todos Santos Cuchumatán.
Y por fin, en la última semana de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que se sintió como un milagro. Pero poco después de aterrizar, funcionarios de inmigración apartaron a Alva López para interrogarla, tomándole otra vez la foto y las huellas dactilares y revisando de nuevo cada documento que llevaba. Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le concedió apenas dos semanas de permiso de permanencia temporal.
El gobierno declinó comentar específicamente sobre el caso de Alva López.
“Aún no les he dicho a los niños” lo de las dos semanas de libertad condicional, comentó Alva López el primer día que despertó de regreso en el antiguo vecindario familiar en West Palm Beach. “Se van a preocupar de que vuelva a pasar lo mismo”, añadió.
Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP Rebecca Blackwell en Miami contribuyó a este reportaje.
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GARANCE BURKE is a global investigative journalist with The Associated Press based in San Francisco. She focuses on artificial intelligence and government accountability, and her work has been honored with the 2026 Pulitzer Prize in International reporting and with a documentary Emmy Award. She can be reached on Signal at garanceburke33.
TRUJILLO, Perú (AP) — En una zona desértica a lo largo de la costa del Pacífico del noroeste de Perú , Gladys Saavedra observaba con recelo a los extraños que llegaban al pequeño mercado donde trabaja junto a un grupo de mujeres que, a pesar de las escasas ventas, deben entregar colectivamente 300 dólares al mes a extorsionadores o arriesgarse a pagar un precio aún mayor .
El mercado de Trujillo fue incendiado en junio pasado cuando las mujeres se negaron a ceder ante las amenazas. Días después, se manifestaron exigiendo protección a las autoridades. Nada cambió. Pero eso no sorprendió a Saavedra, ya que la policía le había fallado en agosto de 2024, cuando su casa fue atacada con explosivos en otro intento de extorsión.
Ese nivel de violencia por parte de las pandillas peruanas es la principal preocupación de los votantes que elegirán a un nuevo presidente en la segunda vuelta electoral del domingo . Muchos saldrán de sus casas para votar con temor a ser víctimas de la delincuencia nuevamente durante su visita a las urnas.
“Ni siquiera puedes asomar la cabeza por miedo a que te disparen”, dijo Saavedra, de 49 años.
La minería ilegal de oro alimenta el crimen organizado.
Los primeros casos de extorsión denunciados en Trujillo ocurrieron hace más de 20 años, pero el delito se ha extendido por todo el Perú en los últimos cinco años. Durante ese período, las denuncias por extorsión se quintuplicaron, alcanzando los 28.948 casos el año pasado, mientras que los homicidios se duplicaron, llegando a 2.226 en 2025, según datos oficiales.
La policía y los expertos en seguridad atribuyen la expansión de las bandas criminales en Trujillo a su participación en la minería ilegal de oro . Afirman que, inicialmente, las bandas se beneficiaban brindando seguridad a mineros ilegales en un pueblo cercano, y luego usaban las ganancias para contratar sicarios, comprar armas y fortalecer su presencia en la ciudad.
Según datos oficiales, la minería ilegal genera aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales, mucho más que los cerca de 1.200 millones de dólares que genera anualmente el narcotráfico.
Las primeras víctimas de la extorsión fueron las empresas de transporte público, cuyos conductores fueron asesinados si no se realizaba el pago. Los trabajadores del transporte siguen siendo blanco de la extorsión; según el Observatorio independiente de Delincuencia y Violencia, al menos 239 conductores fueron asesinados el año pasado en todo el país.
De los fallecidos, más de la mitad eran mototaxistas, un medio de transporte muy utilizado en las afueras de las ciudades, donde las carreteras suelen estar sin pavimentar. Sin embargo, han sido los asesinatos de conductores de autobús los que han desencadenado huelgas y protestas en el sector del transporte.
Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado en Perú a las ganancias que grupos criminales con décadas de antigüedad obtienen de la minería ilegal de oro en los Andes y la Amazonía. En 2025, Perú exportó 100 toneladas de oro extraído ilegalmente, una cifra casi igual a las 109 toneladas de oro extraído legalmente que exportó.
Incluso las escuelas son objetivos de la delincuencia.
En un barrio de Trujillo donde se fabrica una cuarta parte del calzado del país, el líder sindical Máximo Varas afirmó que alrededor de 1.500 pequeños empresarios de ese sector pagan a extorsionadores para poder trabajar.
“Todos pagan, incluso a mí me extorsionan. Nadie está a salvo”, dijo.
En Trujillo, varios autobuses, restaurantes, tiendas de barrio, discotecas e incluso escuelas tienen pegatinas en sus fachadas, incluyendo una de un puma, una cruz y el logo de Batman. La policía afirma que las pegatinas indican que los negocios han pagado sobornos. En ocasiones, las autoridades recorren Trujillo retirando estas pegatinas y reemplazándolas con otras de la policía.
Para el empresario Iván Díaz, de 58 años, la violencia ha aumentado de forma desmesurada en Trujillo. En 2023, fue secuestrado durante 11 días por delincuentes vestidos de policías que lo sacaron a rastras de su oficina. Para obtener un rescate de 250.000 dólares, sus captores le amputaron parte de dos dedos de la mano derecha y enviaron videos de la tortura a su familia para que adelantaran el pago.
“Tuve que adaptarme a la realidad y mantener la calma”, dijo Díaz.
En mayo, los tribunales condenaron a cadena perpetua a cuatro miembros del grupo criminal Los Pulpos, que surgió en Trujillo en la década de 1990 y posteriormente se extendió al vecino Chile, por el secuestro de Díaz.
Las autoridades tienen recursos limitados para combatir el crimen.
El Ministerio de Economía estimó en julio que la delincuencia le cuesta a los peruanos unos 5.000 millones de dólares anuales. Esta cifra incluye la inversión estatal para financiar las operaciones policiales, pero también el gasto privado en cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.
Los barrios periféricos de Perú carecen de carreteras pavimentadas, agua potable y electricidad, pero sobre todo, carecen de presencia policial. En contraste, los municipios más prósperos, como San Borja, en la capital, donde residen los dos candidatos presidenciales —la conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez— , cuentan con un gran número de agentes uniformados, además de una fuerza adicional de agentes de seguridad privada que patrullan sus calles.
Los expertos en seguridad sostienen que para combatir la delincuencia se requiere una purga anticorrupción de la policía nacional, que cuenta con unos 130.000 agentes, y una financiación significativa para las investigaciones.
Un agente que investiga a grupos del crimen organizado, y que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar con la prensa, declaró a The Associated Press que, debido a la falta de tecnología, la policía no puede rastrear los teléfonos asociados con las billeteras digitales que los delincuentes utilizan para recibir pagos de extorsión.
Harvey Colchado, diputado electo y policía retirado, afirmó que hace cinco años cada una de las 70 unidades de investigación policial del país contaba con un presupuesto mensual de 29.000 dólares, pero ahora carecen de fondos, ya que el Estado destinó el dinero a otros fines. Añadió que esta situación se ve agravada por leyes aprobadas en los últimos años con el apoyo de los partidos de Fujimori y Sánchez, que dificultan el enjuiciamiento de los delincuentes.
Las leyes a las que se refirió Colchado eliminaron la prisión preventiva en ciertos casos y elevaron el umbral para la incautación de bienes delictivos y la realización de registros.
“Esto es un cáncer”, dijo Saavedra. “(La policía) no tiene los recursos para rastrear las llamadas, para saber de dónde vienen los mensajes. Esa es la única manera de detenerlo”.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
La segunda vuelta electoral del domingo permitirá a los peruanos elegir a su noveno presidente en tan solo 10 años: o bien la hija conservadora de un expresidente caído en desgracia o un congresista nacionalista.
